Amplían la investigación de la Faffe por diez contratos vinculados al PSOE

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga la causa de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la desaparecida Faffe, amplía seis meses el plazo de instrucción al apreciar ahora indicios en la contratación irregular de una decena de personas, identificadas como familiares de dirigentes y cargos del PSOE en la Junta de Andalucía. Según la investigación, estos hechos ocurrieron sólo unos días antes de que José Antonio Griñán disolviera esta entidad en junio de 2011. El juez cita a declarar a 21 nuevos investigados. Entre ellos, a quien fuera director de la Fundación, Fernando Villén, y a la responsable financiera, Ana Valls, ya condenados por el desvío de dinero público destinado a la formación de parados para el pago en fiestas y clubes de alterne.

El magistrado pide a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que emita un informe sobre relación y número de las subvenciones concedidas por el SAE a la Faffe desde 2007 hasta su extinción o liquidación en 2011. También solicita relación y número de los expedientes de reintegro o de revisión de oficio iniciados o tramitados sobre tales subvenciones con las deficiencias e irregularidades apreciadas. El juez pide además relación, número y cuantificación de las deudas por reintegro de la Faffe que se entendieran extinguidas al ser absorbida dicha fundación tras su liquidación por el SAE.

Asimismo, el juez reclama a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentación e información sobre la contratación por parte de la Faffe de diez personas concretas.

Según el instructor, de lo actuado se deducen indicios delictivos sobre la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, con diversas pero conexas conductas en el seno de la Faffe sobre la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones. En este procedimiento se investigan presuntas irregularidades en materia de contratación de proveedores de la Faffe, ya que existen indicios de que habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera al menos en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010.

Según el análisis de la UCO, el importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9,46 millones de euros. El juez alude igualmente a la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del SAE. La mayor parte de las ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias que permitirían hacer imputaciones de gasto por servicios no prestados.

El instructor menciona en el auto la existencia de "serios indicios" de la irregular contratación de personal por parte de la Faffe, de modo que se habría detectado la posible injustificada -sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación- contratación de al menos 84 personas.

Esta contratación habría sido realizada con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, indica el TSJA. También se refiere al ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, creados y atribuidos 'ad hoc' para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales.

La investigación policial hasta la fecha practicada y aportada a los autos permite inferir que los responsables de la Faffe habrían procedido a la contratación de determinado personal, directamente o a través de personas subcontratadas, de forma discrecional y al margen del procedimiento legalmente establecido.

Esta contratación habría podido responder a contraprestaciones por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales, a lo que se suma que determinado personal podría no contar con la cualificación necesaria, según el juez.