La magistrada cita a la consejera de Agricultura junto a otras 19 personas por su supuesta participación en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera, cuyo alcalde también está imputado
Crespo ejercía como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, cargo que desempeñó entre 2009 y 2011
Al encontrarse aforada por su condición de parlamentaria andaluza, solo puede ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La oposición pide explicaciones al gobierno.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha llamado a declarar como investigada a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, dentro de la instrucción del caso Hispano Almería, que investiga la presunta financiación ilegal del PP almeriense. La magistrada cita a Crespo por su supuesta participación en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera, cuyo alcalde también está imputado, cuando ejercía como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, cargo que desempeñó entre 2009 y 2011.
Crespo, al encontrarse aforada por su condición de parlamentaria andaluza, solo puede ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los socialistas andaluces exigen explicaciones al presidente de la Junta. Los populares aseguran que no es el PSOE el partido más indicado para hablar de corrupción. Adelante Andalucía y Unidas Podemos piden la dimisión de la consejera. Y Vox, un adelanto electoral.
LOS DETALLES DEL AUTO
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado, Ana Belén Vico, cita a declarar, entre el 15 de febrero y el 6 de mayo de 2022, a Crespo junto al exalcalde de La Mojonera (Almería) y expresidente del IFAPA, José Cara, y otras 18 personas y los representantes legales de tres empresas. En esta causa, dividida en varias piezas separadas, se investiga presuntos pagos de comisiones a ayuntamientos almerienses gobernados por el PP a cambio de la adjudicación de obras, que supondrían delitos contra la Hacienda Publica, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios, y organización y grupo criminal.
En el caso de Crespo, su citación como investigada estaría relacionada con su participación en la gestión de subvenciones al consistorio de La Mojonera cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, entidad de la que formaban parte varios ayuntamientos de la provincia, cargo que ostentó entre 2009 y 2011, cuando era alcaldesa de Adra.
La constructora Hispano Almería, investigada desde hace años por supuestos pagos de comisiones, se hizo con la concesión para construir un museo de la Agricultura en La Mojonera.
La juez, a petición de la Fiscalía, solicita además que se averigüe a través de la Agencia Tributaria las declaraciones de IRPF, patrimonio e IVA de todos los investigados en el periodo que va de 2000 a 2010. El Ministerio Público señala que de los informes recabados "se deduce la existencia de una contabilidad B en el entramado societario, así como la obtención de posibles ingresos no declarados por personas físicas y partidos políticos, y finalmente la existencia de adjudicaciones de obras con posibles sobrecostes en las mismas, con las correspondientes consecuencias tributarias".
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga detectó "irregularidades" en la adjudicación de 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
La UDEF apunta que dichas adjudicaciones a este "conglomerado empresarial" se produjeron entre los ejercicios 2000 a 2010 y que la constructora fue adjudicataria" en el "transcurso de los años" de un "gran número de obras públicas contratadas con diversas administraciones de la provincia de Almería".
El informe detalla que "en el análisis de los 62 expedientes se detecta falta de documentación, fundamentalmente la de carácter administrativo, de las empresas que participan en las licitaciones e igualmente de Hispano Almería una vez se le adjudica la obra", además de sobrecostes que superaban el 20 por ciento del presupuesto inicial.