Andalucía pide una moratoria para el derribo de casas y chiringuitos afectados por la Ley de Costas

La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, y otros consejeros de comunidades gobernadas por el PP se han reunido este miércoles en el Senado con representantes de sectores afectados por la reforma del Reglamento General de Costas. Consideran que perjudica a la hostelería, la pesca y también a propietarios de viviendas y piden una moratoria en la demolición de edificaciones.

Sobre este asunto, el PP ha presentado en el Senado una moción para instar al Gobierno a garantizar la transparencia, seguridad jurídica y lealtad institucional en la modificación del Reglamento General de Costas, en un documento que exige una moratoria para frenar los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre.

En la sesión celebrada este miércoles estuvieron presentes todas las consejerías de las comunidades con litoral gobernadas por el PP: Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, que brindarán su apoyo para aprobar esta moción valiéndose de la mayoría del partido en el Senado.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha exigido al Gobierno que retire el borrador de reforma del reglamento por ir "en contra" de Andalucía y sus sectores productivos. "No se ha hecho una valoración económica de lo que va a suponer esta modificación".

Así se ha manifestado la consejera antes de intervenir en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para exponer la posición del Gobierno andaluz sobre la reforma del reglamento. Catalina García ha afeado al Ejecutivo que "no se ha leído las alegaciones" presentadas. "No se han tenido en cuenta porque no ha dado tiempo material. Se ha publicado directamente el borrador y tienen que escucharnos".

La titular de Sostenibilidad ha apuntado a los sectores andaluces afectados por esta modificación, como es el caso de la pesca, la hostelería (chiringuitos) e incluso viviendas. "Con esta modificación, hay expedientes que ahora están en trámite que se quedarían totalmente afectados porque les estamos cambiando las reglas del juego en medio de la tramitación", ha lamentado.

La iniciativa de los 'populares' consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita "la convocatoria de manera urgente" de la Conferencia Sectorial. El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero se elevará al Pleno para su convalidación definitiva.

El Gobierno aseguraba hace unos días que garantizaría la participación de todas las comunidades autónomas litorales en la modificación del Reglamento General de Costas solicitando expresamente su informe.

El Ejecutivo ya había llevado a cabo una reforma del Reglamento de Costas en 2022 que, sin embargo, fue anulado en 2024 por el Tribunal Supremo por un defecto de forma, al omitirse el trámite preceptivo de consulta pública.

Además, recalcaba que el objetivo principal de la reforma es adaptar la normativa a las exigencias de la Comisión Europea en materia de transparencia y concurrencia competitiva, sin alterar los criterios técnicos de deslinde ni afectar a las concesiones de carácter no económico. "El Gobierno considera que estas medidas garantizan la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario", resaltaba.