Los expertos hablan de causas multifactoriales y denuncian que se está operando un sistema del siglo XXI con la mentalidad, la normativa y los medios del siglo XX.
En Los Reporteros analizamos las causas y qué se está haciendo para evitar que se repita.
El próximo martes se cumple un año del apagón que dejó a oscuras la península ibérica y alguna zona de Francia. Y en este primer aniversario, la investigación sobre lo ocurrido comienza a arrojar luz sobre qué lo provocó. El informe elaborado por los expertos europeos, que conocíamos hace unas semanas, habla de causas multifactoriales. También reprocha de opacidad a las seis grandes empresas del sector eléctrico a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha iniciado expediente sancionador, abierto también a Red Eléctrica.
El 28 de abril marcó un antes y un después en el sistema eléctrico. Se produjo un episodio “inédito, multifactorial e imprevisible” cuyo origen técnico, sin embargo, resulta “clarísimo”: una falta de control de tensión. La paradoja, según coinciden los expertos, es que se operaba “un sistema del siglo XXI con la mentalidad, la normativa y los medios del siglo XX”, en un contexto en el que la penetración de energías renovables, lejos de ser la causa, había aumentado por encima de lo previsto.
Un año después del gran apagón, las investigaciones continúan abiertas y las conclusiones siguen siendo objeto de disputa política, técnica y judicial. Grabaciones de conversaciones entre el operador del sistema y compañías eléctricas, escuchadas en la comisión de investigación del Senado, reflejan la tensión de aquellas horas. La mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta ha atribuido la responsabilidad al Gobierno y al operador del sistema, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores contra Red Eléctrica y las principales empresas del sector.
El último informe en ver la luz, elaborado por la red europea ENTSO-E, concluye que el apagón fue consecuencia de múltiples factores concatenados. “Ese día y otros días anteriores se caracterizaron por importantes flotaciones de tensión”, explica Jorge Morales de Labra, presidente de Próxima Energía. “Se tomaron una serie de decisiones por la mañana tendentes a controlar esas oscilaciones, pero lo que se demuestra es que contribuyeron a empeorar las cosas”.
El experto describe una reacción en cadena que comenzó con la desconexión automática de numerosas plantas, principalmente fotovoltaicas. “Cuando una planta está produciendo energía y pasa algo a su alrededor, sus sistemas de protección la obligan a desconectarse”, señala. A las 12.33 se produjo el primer gran incidente: la caída de una gran planta en Granada. “A partir de ahí empiezan todos los incidentes en cadena”, añade. El sistema pasó de una situación de subtensión a otra de sobretensión, obligando a nuevas desconexiones para evitar daños mayores.
Sin embargo, la falta de datos completos impide reconstruir con precisión los minutos previos al colapso. “No se han publicado todos los detalles”, advierte Antonio Gómez Expósito, ingeniero industrial eléctrico de la Universidad de Sevilla. “Las tensiones subieron muy altas y, cuando superan ciertos niveles, los equipos se desconectan para protegerse, porque si se rompe un transformador el coste es millonario y la reposición lleva tiempo”.
La tensión técnica se trasladó también al ámbito político. En la comisión del Senado, los enfrentamientos fueron constantes. “Señora Corredor, estoy diciendo su obligación legal, que es no mentir”, afirmó Francisco Javier Márquez, presidente de la comisión de investigación. A lo que Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española, respondió: “No hace falta que me recuerde mis obligaciones legales”. En otro momento, defendió que “las causas del apagón están especificadas en el informe del panel de expertos del 20 de marzo, que coincide punto con punto con el informe del operador del sistema del 18 de junio”.
Más allá del cruce de acusaciones, el debate de fondo apunta a posibles fallos estructurales. “Si es accidental no hay culpable”, plantea Gómez Expósito, “pero la cuestión es si las normas son obsoletas, del siglo XX, cuando no había generación renovable. Entonces, ¿quién es el responsable de que las normas estén obsoletas?”.
Desde el sector renovable se rechaza cualquier señalamiento. “El ENTSO-E es claro en que las renovables en ningún caso fueron las culpables del apagón”, afirma Adolfo Vargas, presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía. “Esto no tiene nada que ver con la transición energética”.
Morales de Labra apunta, además, a los intereses económicos en juego. “Hay compañías aseguradoras que han pagado millones de euros en indemnizaciones que ahora están reclamando. Hay intereses milmillonarios y serán los jueces quienes determinen quién tuvo la culpa de que no hubiera ese control de tensión”.
En paralelo, la CNMC trata de esclarecer posibles incumplimientos. “Estamos tramitando los expedientes informativos en relación con los hechos”, explica Cani Fernández Vicién, presidenta de la CNMC. “No hemos recibido ninguna instrucción y, de haberla recibido, no la habríamos aceptado. Somos un organismo independiente”.
Las consecuencias económicas también afectan a los consumidores. “Vamos a ser castigados”, denuncia Rubén Sánchez, secretario general de Facua. “La CNMC dice que tenemos que pagar en la factura los perjuicios causados al sistema, algo impresentable. Y, además, no se han abonado las microindemnizaciones previstas”.
Tras el apagón, la recuperación del suministro se produjo en tiempo récord, un aspecto que los expertos valoran positivamente. “Que un país entero esté prácticamente repuesto en poco más de 12 horas es algo muy positivo”, subraya Morales de Labra, comparándolo con episodios en Estados Unidos que duraron varios días. “La recuperación fue modélica”, coincide Gómez Expósito, recordando el apagón de Texas de 2021.
Aun así, ambos coinciden en que el incidente podría haberse evitado. “La respuesta es categórica: sí”, afirma Morales de Labra. “Simplemente con mayor control de tensión”. Desde entonces, el sistema ha reforzado sus mecanismos, aunque a un alto coste económico: más de 2.000 millones de euros en menos de un año.
Entre las medidas adoptadas figura la modificación de los procedimientos de operación para que las renovables participen en la regulación de la tensión. “Eso se hizo en junio de 2025, lo que significa que debería haberse hecho antes”, señala Gómez Expósito, recordando que Portugal ya lo había implementado años atrás.
El sistema eléctrico afronta ahora una transformación profunda. “Hay que acelerar la transición hacia un modelo descentralizado, con decenas de miles de plantas distribuidas”, explica el ingeniero, quien subraya que la complejidad creciente se ve compensada por avances tecnológicos en software, comunicaciones y capacidad de control.
En este nuevo escenario, el almacenamiento energético emerge como una pieza clave. “2026 es el gran año de las baterías”, destaca Morales de Labra, aunque reconoce que España aún está “en el paleolítico” en comparación con otros países. “Es el santo grial de la transición energética”, añade Gómez Expósito, advirtiendo que sin almacenamiento será imposible seguir aumentando la penetración renovable.
Las innovaciones, sin embargo, requieren inversión y nuevos marcos regulatorios. “Se han emitido nuevas normas de operación, lo que demuestra que faltaban procedimientos”, señala Vargas. Mientras, los consumidores reclaman un sistema más robusto. “Si sufrago el sistema eléctrico, es para que sea fiable”, insiste Sánchez.
El reto no es menor. resume Gómez Expósito. Y, pese a los avances, la incertidumbre persiste. “El que afirme categóricamente que no se puede volver a producir otro apagón está muy lejos de la realidad técnica”, advierte Morales de Labra. En un mundo cada vez más dependiente de la electricidad, quedarse a oscuras ya no parece una opción.