Rechazo mayoritario a la financiación autonómica pactada por el Gobierno con ERC

La reforma de la financiación autonómica pactada por el Gobierno y ERC ha desatado una tormenta política. Un día después del encuentro en La Moncloa entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el que anunciaron un aumento de financiación para Cataluña, y tras la explicación del nuevo modelo por parte de la vicepresidenta María Jesús Montero, los presidentes autonómicos del PP han arremetido contra el denominado "principio de ordinalidad" pactado con los independentistas, que supone que cada comunidad recibe en función de los que aporta, y contra la imposición de un sistema que no se ha negociado ni con el PP ni con ninguna autonomía. También el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, lo ha calificado como "un atropello a la igualdad, con argumentos que "solo defendería la derecha más reaccionaria". A las críticas se ha sumado Junts, que anuncia una enmienda a la totalidad. Sin su apoyo o el del PP es imposible la aprobación en el Congreso.

Tras 17 años de vigencia del actual modelo, la reforma prevé una subida de más del 11 por ciento en la cesión de impuestos a las comunidades autónomas, que recaudarían un 5 por ciento más del IRPF y un 6 y medio por ciento más del IVA. La idea es que quien más aporte sea quien más reciba y el Ejecutivo compensaría a quien menos gana con una aportación extra del Estado y un fondo de compensación posterior. Las comunidades recibirían 20.975 millones más que con el actual sistema. El nuevo modelo prevé que Andalucía sea la comunidad que más reciba en términos absolutos, 4.846 millones, y se respeta el sistema ideado para Cataluña anunciado por Junqueras, que inyectará casi 4700 millones a la Generalitat. El modelo, según el Gobierno, quiere blindar los servicios públicos y la previsión es que entre en vigor en 2027, aunque no cuenta con el apoyo de los grupos de la Cámara.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper la "multilateralidad" con su modelo de financiación autonómica, una propuesta que considera "poco creíble", que vincula a los próximos comicios electorales y que supone un "traje a medida" para el líder de ERC, Oriol Junqueras. A preguntas de los periodistas durante una visita a Sierra Nevada, Moreno ha rechazado el "conejo de la chistera" que ha sacado, dice, el Gobierno de España a escasas fechas de la celebración de elecciones en varias comunidades autónomas, y ha considerado "la peor manera" de empezar la negociación de una propuesta sobre financiación que le merece "muy poca credibilidad" y que atribuye además a "fuegos de artificio".

Como presidente de los andaluces, ha incidido, no le puede "representar un independentista condenado e inhabilitado como cargo público hasta 2031", de ahí que considere que la negociación ha empezado "francamente mal". En su opinión, lo que hay es un "problema de gobernabilidad de Sánchez" y de la Generalitat, que "necesita los votos de Esquerra Republicana".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que prefiere que "hablen los españoles" antes de permitir un "atropello" como el acuerdo de financiación singular para Cataluña, y ha advertido de que no va a participar en un "intento de suicidio político de la izquierda". Durante su intervención en la inauguración del centro de salud de Alcoba de los Montes (Ciudad Real), García-Page ha reconocido que "antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de esa España que ellos quieren romper, prefiero que hablen los españoles, y que lo hagan muy claro".

El presidente castellanomanchego ha lamentado que este viernes haya tenido que escuchar "argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable, al menos desde posiciones progresistas", y ha admitido sentirse dolido por ver "defendiendo lo indefendible" a personas que "dicen llevar la misma camiseta que los que estamos aquí; la misma camiseta, no sé si limpia o muy sucia". Unos argumentos, a su juicio, que "solo defendería la derecha más reaccionaria" y con un planteamiento que ha tildado de "ataque frontal a la igualdad".

El vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, critica que la propuesta se anunciara mediante un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. "Es una patada a la igualdad y la unidad de España". "Eso ya nace mal. Tenemos que sentarnos todos en la mesa", ha indicado.

Por parte de Junts ha sido su vicepresidente, Antoni Castellà, el portavoz que ha insistido en el rechazo de esta formación a la propuesta. Él ha emplazado este viernes a ERC a "transitar" desde el modelo de financiación pactado con el Gobierno hacia el concierto económico: "14 diputados en Madrid lo pueden hacer posible", ha expresado. Castellà ha corroborado que JxCat presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para sacar a Cataluña del régimen común y llevarla a un sistema como el de Navarra o el País Vasco. Su posición coincide con la de la patronal catalana, pues Josep Sánchez Llibre, de Foment del Treball, ha considerado que la nueva propuesta de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno es "claramente insuficiente".

La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha cargado contra el nuevo sistema de financiación autonómica, por el que la Comunidad de Madrid recibirá "la mitad" que Cataluña, y ha avisado que utilizará "todos los recursos legales" contra este modelo. También el Gobierno valenciano ha señalado "ausencias gravísimas" en el nuevo sistema y ha calificado de "impresentable" el pacto "unilateral" del modelo. Además, ha vuelto a reclamar un fondo de nivelación hasta su entrada en vigor. Así lo ha señalado su portavoz, Miguel Barrachina.

En la misma línea de rechazo se ha pronunciado el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, quien ha valorado el incremento de la financiación a las comunidades, pero ha criticado el sistema de reparto al entender que rompe los criterios de igualdad y de solidaridad entre los territorios para favorecer a las formaciones independentistas. También se ha mostrado escéptico el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha asegurado que "nadie se cree que si hay más dinero para Cataluña, no significa que haya menos dinero para otros". En este sentido, Clavijo ha indicado que antes de hacer valoraciones necesita "ver el texto, la letra pequeña", y ha añadido que, "evidentemente, el Gobierno, si presenta algo, lo va a vender bien".

El conselleiro de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, considera que en la propuesta para un nuevo sistema el Gobierno "negocia" con los recursos de todas las comunidades autónomas. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha rechazado este viernes "las formas" y "el fondo" de la propuesta, y el consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha opinado que la propuesta de financiación autonómica de Hacienda es un "atropello". El Govern balear del PP rechaza de plano el nuevo sistema de financiación autonómica anunciado por el Ejecutivo central porque solo se ha pactado con los "separatistas" catalanes, ignora las peticiones de Baleares y vulnera su autonomía financiera.

Así, solo el presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para que no bloqueen una nueva financiación que considera "justa", porque beneficia a todas las comunidades y con la que Cataluña seguirá siendo "solidaria" sin pedir "privilegios". Desde Asturias, el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha señalado que el Ejecutivo autonómico no se posicionará hasta conocer la "letra pequeña".

En cuanto a los socios de Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha celebrado los "avances" en la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda, que otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, y considera que hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso vía enmiendas. Y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también se ha mostrado constructivo, aunque ha reclamado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instaure un suelo fiscal en el nuevo modelo de financiación para evitar el 'dumping' entre autonomías, en referencia a las gobernadas por el PP.

El sistema de financiación autonómica, que soporta el coste de la sanidad, la educación y la dependencia, además de otras muchas competencias autonómicas, entre ellas la gestión de emergencias o la justicia gratuita, está regulado por una ley orgánica. Esto implica que para aprobar el nuevo sistema anunciado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda se requiere una mayoría absoluta en el Congreso. En la práctica, si el PP o Junts votan en contra de la propuesta, estaríamos hablando de papel mojado. Es más, se requiere el voto a favor de, al menos, uno de los dos.