PSOE y Junts firman un acuerdo que despeja la investidura de Sánchez

Después de diez días de negociaciones, PSOE y Junts han firmado un acuerdo en Bruselas para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No hay imagen de la firma como tal, no se ha escenificado de forma pública pero sí conocemos ya los detalles de ese acuerdo. Para empezar una ley de amnistía que abarcará un periodo que va desde antes de 2014, sin especificar fecha, hasta después del referéndum ilegal de 2017, sin especificar tampoco una fecha.

Los responsables de las dos formaciones, Santos Cerdán (del PSOE) y Jordi Turull (de Junts), han firmado en Bruselas el documento y poco después ha comparecido el socialista ante los medios. Ha afirmado que se trata de un pacto "de legislatura" y da por cerrada la ley de amnistía: "Ya está acordada". El líder de Junts, Carles Puigdemont, dará una rueda de prensa a partir de las 14:00 horas.

El "número tres" del PSOE, Santos Cerdán, ha dicho hoy que el acuerdo para una futura amnistía relativa al proceso independentista en Cataluña en 2017 que abre la puerta a una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno "llega en un momento clave para el país" y "constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse", declaró el secretario de organización del PSOE en una rueda de prensa en Bruselas tras haber firmado el acuerdo con JxCat.

El texto, firmado por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, admite la existencia "profundas divergencias" que han dado lugar a un conflicto "que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución" porque seis años después "la cuestión de fondo sigue sin resolverse". En este sentido se comprometen a buscar "una solución política y negociada al conflicto", según lo definen, a pesar de que existen "discrepancias estructurales" entre las partes y pese a la distancia que separa ambos proyectos nacionales.

Se trata de un pacto de legislatura que trata de aportar estabilidad a las relaciones entre España y Cataluña en el contexto de lo que ambas formaciones describen como un conflicto no resuelto abriendo un nuevo camino de entendimiento de cuyo seguimiento velará un verificador internacional. Uno de sus pilares es la ley de amnistía que tendrá aplicación a todas las personas relacionadas directa e indirectamente con el proceso independentista.

Objeto de negociación a partir de ahora será la petición expresada por Junts en este acuerdo con el PSOE de proponer la celebración de un referéndum de autodeterminación.

El PSOE reconoce que el auto de imputación dictado por el juez García Castellón contra Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic por un presunto delito de terrorismo ha demorado varios días la firma de este acuerdo.

LOS DETALLES DEL PACTO

Si esperábamos puntos concretos y cerrados, no es eso lo que han acordado ambos partidos. Se han fijado objetivos que tendrán que negociar cuando eche a andar la legislatura. Entre ellos, una ley de amnistía que abarcará un periodo que va desde antes de la consulta ilegal de 2014, impulsada por Artur Mas, y que, precisamente, se llevó a cabo tal día como hoy- y hasta después del referéndum ilegal de 2017, sin especificar una fecha. Ese perdón beneficiaría a las personas relacionadas, directa o indirectamente, con delitos vinculados al procés.

El autogobierno es otro punto importante. El partido de Puigdemont propone celebrar un referéndum de autodeterminación. El PSOE se compromete a negociar bajo el marco del Estatut de 2006. Junts también reclama que se le ceda el 100% de los tributos a Cataluña, es otro de los aspectos a negociar con los socialistas. Y la ampliación de la participación de Cataluña en las instituciones europeas y otros órganos internacionales. Además, el acuerdo recoge la figura de un verificador internacional.

La ley de amnistía es uno de los puntos importantes del acuerdo. Entre sus beneficiados, el propio líder de Junts, Carles Puigdemont, con varias causas pendientes. En el Supremo, procesado por dos delitos: desobediencia y malversación de caudales públicos agravada. La Audiencia Nacional dirige la investigación contra él y contra Marta Rovira en la causa de Tsunami Democràtic. Según el juez, los hechos cometidos podrían calificarse de forma indiciaria como de terrorismo.
Y el Tribunal de Cuentas tiene previsto juzgarlo el 17 de este mes -dentro de una semana- por desvío de fondos públicos para financiar el referendum ilegal del 1 de Octubre y la promoción exterior del ‘procés’ independentista.