Luz verde a las bajas por reglas dolorosas y al permiso preparto
El consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley del aborto cuya implantación supondrá 104 millones.
La norma elimina el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar y garantiza el aborto en la sanidad pública.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cifrado este martes en 104 millones de euros el coste de las nuevas medidas del anteproyecto de la ley del aborto aprobado por el Consejo de Ministros, como el permiso preparto en la semana 39 (57 millones de euros) y las bajas por reglas incapacitantes (unos 24).
Son cifras de las que ha informado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo sobre esta ley que, entre otras cosas, acaba con el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
Según Montero, el coste del nuevo permiso preparto, que será a partir de la semana 39 de embarazo, costará 57 millones de euros, el de las bajas por menstruación incapacitante, que serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social, 23,8 millones de euros; y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.
BAJA POR REGLAS DOLOROSAS FINANCIADAS POR EL ESTADO
Por primera vez una ley le dedica un apartado con medidas como una baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes que será financiada 100 % por el Estado.
En los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc, se repartirán gratuitamente productos como tampones, compresas o copas menstruales con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.
En cuanto a la maternidad, se fomentarán las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto y se incorporará la baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
LA LEY GARANTIZA EL ABORTO EN LA SANIDAD PÚBLICA
La nueva ley garantizará el aborto en la Sanidad Pública y pone especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres con el objetivo de acabar con los desplazamientos a cientos de kilómetros que cada año realizan cientos de mujeres para interrumpir su embarazo.
El anteproyecto del Gobierno elimina los tres días de reflexión hasta ahora obligatorios y la entrega de información sobre las alternativas y ayudas en el caso de seguir adelante con el embarazo, a no ser que la mujer lo solicite.
La ley garantizará la objeción de conciencia como un derecho individual y será regulada del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este sentido, la norma deja claro que quien se declare objetor, lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.
Con esta ley, las mujeres de entre 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso y las mujeres que se sometan a un aborto tendrán derecho a una baja incapacitante, al tiempo que se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo.
PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS GRATUÍTA EN LOS CENTROS DE SALUD
El anteproyecto de la ley del aborto contempla la distribución gratuita de la píldora del día después en los centros de salud, así como en los servicios de salud sexual y reproductiva.
Según han informado fuentes de Igualdad, entre las novedades que incluye la ley del aborto se encuentra el acceso gratuito a este anticonceptivo de emergencia, que a día de hoy se puede comprar sin receta en las farmacias a un precio de alrededor de 20 euros y que algunas comunidades ya prescriben de forma gratuita en los centros de salud.
La anticoncepción ocupa un capítulo especial de la nueva ley impulsada por el Ministerio que dirige Irene Montero, que establece que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013 tras años incluidas en el catálogo.
También se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que ésta no sea sólo una responsabilidad de las mujeres.
EDUCACIÓN SEXUAL OBLIGATORIA
Igualdad pone el foco en la educación sexual y establece su obligatoriedad en las principales etapas educativas. Para ello, se formará en educación sexual y menstrual a profesores y también a funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.
En el ámbito escolar, la ley contempla el reparto de forma gratuita de métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual (algo que también se hará en centros sociales y penitenciarios).
Se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica.
