La mayoría de las asociaciones de fiscales piden la dimisión de García Ortiz
Solo la Unión Progresista de Fiscales apoya su continuidad en el cargo. El reglamento le permite seguir en su puesto aunque se abra juicio oral pero muchos profesionales consideran que eso compromete la imagen de la institución pública.
El fiscal general del Estado podría enfrentarse a una condena de hasta 4 años de prisión e inhabilitación para cargo público.
La mayoría de las asociaciones de fiscales piden la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento. El reglamento del Ministerio Fiscal le permite seguir en su puesto aunque se abra juicio oral pero muchos profesionales consideran que eso compromete la imagen de la institución pública.
El reglamento que rige a los fiscales no obliga a dimitir al fiscal general del Estado en caso de tener que sentarse en el banquillo de los acusados pero, sin embargo, en las mismas circunstancias, sí impone la dimisión a su subordinada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que tendría que ser cesada por el propio García Ortiz.
Ambos están procesados por revelación de secretos por filtrar presuntamente correos con información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ella quedaría suspendida de manera inmediata, si se abre juicio oral, pero el fiscal general del Estado, no. Dos de las tres asociaciones de fiscales creen que García Ortiz debería dimitir por voluntad propia. Algo que comparten antecesores en el cargo, como Eligio Hernández.
Solo la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció el propio García Ortiz, apoya su continuidad en el cargo. El fiscal general del Estado podría enfrentarse a una condena de hasta 4 años de prisión e inhabilitación para cargo público de uno a tres años. Las partes tienen diez días para presentar alegaciones al auto del juez instructor, pidiendo la apertura de juicio ora o bien el sobreseimiento de la causa. La fiscal de Madrid ya ha pedido que sea archivada.
