La Justicia cierra definitivamente el "caso Neurona"
Después de tres años de pesquisas y tras haber recibido el informe pericial.
Considera probado que los precios que pagó Podemos a la consultora mexicana eran los del mercado.
La justicia cierra definitivamente el caso Neurona contra Podemos. La formación política estaba siendo investigada por apropiación indebida de fondos electorales tras contratar a la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de 2019.
El juez descarta que haya delito y cierra el caso tras recibir un informe pericial que determina que los precios que pagó Podemos eran los habituales en el mercado.
En un auto el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa tras tres años de pesquisas y tras haber recibido el informe pericial, que encargó hace dos años, que concluye que el partido morado pagó a Neurona acorde al precio de mercado.
La decisión del juez Juan José Escalonilla tiene lugar después de que el pasado septiembre acordara archivar la investigación que dirigía contra Podemos, como persona jurídica, y contra el cofundador del partido Juan Carlos Monedero al considerar que no era posible imputar responsabilidad penal a la formación política y al constatar que no había indicios de que el dirigente intermediara en el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con Neurona.
Ahora, el instructor ha declarado el archivo provisional respecto al exsecretario de comunicación de Podemos Juan Manuel del Olmo; los administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos Daniel Martínez de Frutos y Carlos García; y el administrador de Neurona Elías Castejón.
De este modo llega a su fin la causa en la que se investigaba la posible simulación del contrato suscrito por Podemos en febrero de 2019 con la mercantil Neurona Comunidad SL relativo a la campaña electoral a las generales de abril de 2019.
En el auto que da cierre al procedimiento, el juez ha recordado que en la denuncia que dio origen a la investigación se apuntaba que dicho contrato era simulado para encubrir las transferencias realizadas por la formación que entonces lideraba Pablo Iglesias a la consultora "con la finalidad de contribuir al pago de campañas electorales en otros países, o en pago de créditos obtenidos por el partido".
Ahora, el titular del Juzgado ha asegurado que, una vez practicadas las diligencias de investigación en el juzgado, ha quedado constatado que "sí se prestaron los servicios objeto de dicho contrato" por parte de Neurona: se contrataron trabajadores que se desplazaron a España durante la campaña electoral, y se realizaron los trabajos que finalmente fueron aportados al procedimiento.
El magistrado ha llegado a esta conclusión, en parte, gracias al informe pericial recientemente aportado a la causa en el que se valoraron los servicios prestados por Neurona en 358.500 euros, cifra cercana a los 363.000 euros que abonó Podemos.
El informe en cuestión se hizo esperar porque el juzgado pasó meses buscando un equipo de peritos que asumiera el encargo. De hecho, en abril de 2022, ante la negativa del perito anteriormente designado, el juez dirigió un oficio a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y a la Asociación de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid para que indicaran al Juzgado un "perito capacitado para la elaboración del informe".
Dicha pericial debía valorar la totalidad de los servicios prestados por los trabajadores contratados por Neurona Consulting: los 48 vídeos realizados previo trabajo estratégico de segmentación, los 48 diseños gráficos realizados por Waldemar Aguado Butanda y las cinco imágenes elaboradas por Vicente León Camú Astudillo, así como la cobertura de siete actos electorales.
Finalmente, el informe llegó al juzgado y concluyó que "más allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados", éstos cumplían "con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campanas".
El "caso Neurona" derivó en otras investigaciones, como el denominado "caso Niñera" o la causa sobre las donaciones a través de la Fundación 25M, que también se archivaron al no apreciarse indicios de delitos.
