García Ortiz pide a los fiscales del procés la aplicación total de la amnistía y éstos la rechazan para la malversación

La entrada en vigor de la Ley de Amnistía y con ella su aplicación genera debate en el seno del Ministerio Público. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a los fiscales del procés que apoyen la aplicación total de la amnistía.

Sin embargo, los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés rechazan amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont al entender que sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE. 

Los fiscales han ratificado la postura que ya habían avanzado el pasado 30 de mayo en un documento que entregaron a García Ortiz tras una reunión que mantuvieron de cara a la aprobación de la Ley de Amnistía.

En el encuentro de este martes con los fiscales, sin embargo, el fiscal general les ha pedido a los cuatro fiscales que redacten un informe procesal que responda específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo, al entender que el documento que elaboraron hace dos semanas aborda en general la ley de amnistía.

Los cuatro fiscales del procés estarían dispuestos a mantener su criterio y a invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para elevar el asunto a la Junta de Fiscales, en el caso de que García Ortiz no aceptara su  postura. Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto. 

Este debate en la Fiscalía tiene lugar después de que este mismo martes el juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, haya dado cinco días a la partes (al Ministerio Público, a Vox -que ejerce la acusación popular- y a las defensas) para que informen sobre si ven pertinente aplicar o no la amnistía a los hechos que se le atribuyen a los encausados. 

Llarena ha preguntado a las partes, incluidos los cuatro fiscales, si la malversación que se le atribuye a Puigdemont y otros encausados afecta a los intereses financieros de la UE y, por ende, quedaría excluida de la amnistía. También les ha pedido que se pronuncien sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas  cautelares acordadas contra los cuatro líderes independentistas.    

Los cuatro fiscales del procés, en el documento que entregaron el pasado 30 de mayo, defendieron que el expresidente sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley. A su juicio, Puigdemont y otros 6 dirigentes del procés dedicaron fondos públicos "a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos". 

No obstante, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos.