El Supremo interroga a los empresarios granadinos implicados en el pago de mordidas a la trama Koldo
Uno de los hermanos Fernández Menéndez fue coordinador del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Conoció a Koldo a través de su cuñado, Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra y también investigado.
LA UCO podrían haber influido en la adjudicación de obras a OPR por parte de ADIF y la Dirección general de carreteras. Entre ellas, la A-32 entre Úbeda y Torreperogil.
A los empresarios Antonio y Daniel Fernández el juez sólo les obliga a comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, mientras que a José Ruz, además de esa misma medida, se le retira el pasaporte.
Este viernes el juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha iniciado la ronda de declaraciones de empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de comisiones a Santos Cerdán, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al que fuera su asesor Koldo García a cambio de la adjudicación de obra pública.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señala a los hermanos Fernández Menéndez como presuntos beneficiados por el amaño de adjudicaciones de obra pública. Antonio y Daniel ocupaban cargos en empresas investigadas por el presunto pago de mordidas, OPR, vinculada a la presunta trama por medio de otra empresa, Áridos Anfersa. Antonio, que fue coordinador del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, conoció a Koldo a través de su cuñado, Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra y también investigado.
El informe detalla la cercanía entre los hermanos Fernández Menéndez y el asesor del exministro José Luis Ábalos. Incluso cuando ya no estaba en el Ministerio de Transportes continuaron manteniendo contacto y estuvieron informados de los ceses y nombramientos tras las reestructuraciones en el Ministerio, como el del Director General de Carreteras.
El informe recoge los indicios de cómo a través de Koldo García podrían haber influido en la adjudicación de obras a OPR por parte de ADIF y la Dirección general de carreteras. En concreto tres, destacando la realizada en el tramo de la A-32 entre Úbeda y Torreperogil. Además, el informe de la UCO documenta como la citada empresa Baza Áridos Anfersa, contrató a Patricia Uriz, la mujer de Koldo, como parte de las contraprestaciones por las adjudicaciones de Estado conseguidas y refleja que recibió casi 14.000 euros en concepto de "nominas".
Los hermanos Fernández niegan haber pagado mordidas por estas contrataciones, aunque sí han reconocido haber mediado con Koldo García para darle a su esposa Patricia Uriz un puesto de trabajo.
El tercer empresario es José Ruz, de la constructora LIC, mencionada en varias grabaciones. Ha admitido que pidió una reunión con Santos Cerdán. Con la salida de Ábalos del Gobierno, Ruz trató de que su empresa no quedara fuera del reparto de contratos públicos.
A la vista de las declaraciones, el Supremo ha tomado medidas cautelares. A los empresarios Antonio y Daniel Fernández sólo se les obliga a comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, mientras que a José Ruz, además de esa misma medida, se le retira el pasaporte. El Tribunal considera que existen “indicios bastantes” de que pagó mordidas por obras.
