El juez rectifica y rebaja a la mitad la fianza al fiscal general, de 150.000 a 75.000

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rectificado la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.

Hurtado ha tomado esta decisión una vez que García Ortiz ha depositado un aval de 150.000 euros para asegurar la fianza con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

El jefe del Ministerio Público había afrontado la fianza con parte de sus bienes porque no disponía de 150.000 euros en metálico.

Además, indican que, desde que se conoció la fianza, numerosas personas familiares, amigos, compañeros y ciudadanos anónimos se han ofrecido a colaborar en el pago de la misma. Sin embargo, García Ortiz no ha querido implicar a nadie, aunque las fuentes aseguran que está agradecido por las muestras de solidaridad.

En todo caso, el fiscal general ultima un recurso directo de apelación contra la fianza impuesta por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, al considerar que se trata de un monto excesivo. En este sentido, las citadas fuentes subrayan que en casos de agresión sexual se suele fijar en 50.000 euros.

Hurtado la fijó en 150.000 euros, desde los 300.000 que reclamaba González Amador, para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual sentencia condenatoria.

La acusación particular que ejerce González Amador también ha recurrido, aunque ante el propio instructor, para que eleve la fianza a los 300.000 euros que pedía, alegando que los daños morales sufridos como consecuencia del "relato político" no han cesado ni un día.

El instructor envió a juicio a García Ortiz al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero de ese año donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales, por los que finalmente ha sido procesado, a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.

Hurtado llegó a esta conclusión tras ocho meses de investigación que culminaron con el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, ambos recurrieron y la Sala de Apelación libró a la fiscal, dejando al fiscal general como único acusado.

Fuentes jurídicas avanzan a Europa Press que el juicio se celebrará hacia noviembre, con una duración aproximada de una semana aunque podría prolongarse debido a la gran cantidad de testigos que proponen las partes, y posible sentencia hacia final de año. El tribunal lo conformarán siete magistrados de mayoría conservadora encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. El propio Hurtado dejó la puerta abierta a ampliar el catálogo de delitos. García Ortiz aún debe presentar su escrito de defensa.