El juez ha dictado este viernes un nuevo auto. En él plantea que Tusami Democratic habría tenido la intención de actuar al paso de la comitiva del Rey Felipe VI en su visita a Barcelona
García Castellón ya se opuso en su auto de este jueves a que las agresiones que sufrieron varios policías en acciones de protesta de esa organización en Barcelona sean amnistiables
El texto definitivo de la Ley de Amnistía que se vota en el Congreso el próximo martes
El último auto del juez Manuel García Castellón complica que los implicados por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic, como Carles Puigdemont, cuenten con el beneficio de la futura ley de amnistía contra lo que pretende la última enmienda acordada por PSOE y Junts. El juez ha dictado este viernes un nuevo auto. En él plantea que Tusami Democratic habría tenido la intención de actuar al paso de la comitiva del Rey Felipe VI en su visita a Barcelona en el verano de 2020. García Castellón ha encargado la investigación a la Guardia Civil en las vísperas de la votación definitiva del texto de una ley aún por cerrar.
Se trata de un nuevo e importante revés a la futura ley de amnistía y el intento de PSOE y Junts de que ésta alcance en sus beneficios a los investigado por terrorismo de Tsunami Democratic, entre ellos, Carles Puigdemont. García Castellón ya se opuso en su auto de este jueves a que las agresiones que sufrieron varios policías en acciones de protesta de esa organización en Barcelona sean amnistiables por cuanto que, a su juicio, son incompatibles con el derecho a la vida y la integridad física que reconocen la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ambos autos de García Castellón se convierten ahora en un obstáculo para que el texto definitivo de la Ley de Amnistía que se vota en el Congreso el próximo martes sea el que PSOE y Junts han pactado en enmiendas para que ésta no se pueda aplicar a los investigados por las acciones de Tsunami Democratic. Entre ellos, Carles Puigdemont. El margen para modificar de nuevo el texto acordado es reducido. "El PSOE sólo apoyará las enmiendas que ha pactado", asegura Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Estos hechos pueden cruzarse en el destino de Carles Puigdemont. Los antidisturbios heridos por las protestas la noche del 19 de octubre de 2019 en Barcelona serían, según auto del juez Manuel García Castellón, víctimas de una acción incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En la ley de amnistía pactada por Junts y el PSOE hay una enmienda que se refiere precisamente a los delitos de terrorismo, siempre que no causen violaciones graves de los derechos humanos. Por tanto, el instructor del caso Tsunami Democratic cuestiona que se pueda aplicar dicha amnistía ni al prófugo de la justicia ni a los participantes en esas protestas, porque todos asumieron la posibilidad de que en las algaradas pudieran producirse víctimas mortales.
Algo que el propio Puigdemont admitía en una conversación telefónica, que cita el magistrado como indicio incriminador, diciendo que el problema de estos disturbios vendría si hubiera algún muerto. Es más, continúa García Castellón, lo hechos fueron tan graves que los agentes fueron visitados en el hospital por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta semana hemos asistido a cambios en la ley de amnistía porque para Junts el texto anterior no daba las garantías suficientes para que Carlas Puigdemont pudiera volver a España libremente y para que no fuera condenado por terrorismo. Se cambió la ley para que no fuera relevante el momento procesal, si no los hechos cometidos. Así "de sentencia firme", se cambió a amnistiables todos los delitos de terrorismo, incluso con sentencia firme con excepción, esta es la clave, de aquellos que hayan causado violaciones graves de derechos humanos. En principio estarían cubiertos todos los del procès.
Puigdemont evita hablar del auto de García Castellón pero censura que los jueces españoles ya se hayan pronunciado, y de qué manera, dice, sobre la ley de amnistía. El expresidente catalán asegura que los estándares europeos sobre los derechos fundamentales no son los mismos en España. A través de la red social X, el prófugo de la justicia ha utilizado unas declaraciones de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la irlandesa Síofra O'Leary, que rechaza posicionarse sobre la ley de amnistía por "no conocer el contenido".