El Gobierno vincula la presentación de los PGE al acuerdo para no hacer "perder el tiempo" al Congreso

El Gobierno sostiene que es importante llevar al Congreso de los Diputados un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) si hay un acuerdo previo con los Grupos Parlamentarios para sacarlo adelante porque, de lo contrario, harían "perder el tiempo" a la Cámara Baja y a los ciudadanos.

Así lo ha indicado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si descarta someter a votación del Parlamento el proyecto para unas nuevas cuentas públicas si previamente no tiene la seguridad de que saldrán adelante.

La portavoz ha sido interrogada sobre la obligación constitucional del Gobierno a llevar ante el Congreso un proyecto de presupuestos independientemente de que cuente con los apoyos para aprobarlos, al día siguiente de que el socio minoritario de la coalición, Sumar, advirtiese al PSOE que tiene que presentar su propuesta.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elevaba este lunes la presión al PSOE para que el Gobierno cumpla "su obligación" de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Parlamento, apelando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que comparezca en el Congreso para explicar que, pese al intento, no salieron adelante las cuentas públicas.

"El Gobierno de España tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Y digo más, tiene la obligación de intentar sacarlos adelante. Nosotros somos muy claros. Si hay un documento que esboza el proyecto de país que el Gobierno quiere, es este", ha defendido Díaz en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE, que ha recogido Europa Press.

La vicepresidenta ha insistido en que en política "no hay nada imposible" y ha pedido al Gobierno no "rendirse" con la aprobación de los presupuestos. "Creo que hay margen. Primero, hay obligación de presentar los presupuestos; y dos, hay que intentarlo. El Gobierno de España no se debe rendir", ha enfatizado.

Alegría no ha respondido de forma tajante, ha reiterado que siguen trabajando con las distintas formaciones políticas para que haya PGE en 2025 y ese sigue siendo su objetivo. No obstante, ha dicho que hay que llevarlos "de forma acordada" con la "realidad parlamentaria" actual. "Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y por tanto a los ciudadanos", ha apuntado.

En la misma línea, considera "un ejercicio de realismo" tener acordado el Presupuesto con los socios parlamentarios antes de llevarlo a la Cámara para que pueda ser aprobado por mayoría. Así ha reiterado que el Gobierno es partidario de tener cuentas actualizadas para este ejercicio pero ha advertido de que "la realidad del Congreso de los Diputados es la que es".

CONTACTOS "DIARIOS" CON LOS GRUPOS

También ha evitado dar una fecha de hasta cuando seguirán intentando un pacto y ha señalado que intentarán hacerlo "lo antes posible". "Entenderán y comprenderán que si solamente dependiese del Gobierno tener acordadas estas cuentas, pues le podría trasladar una fecha más concreta o más firme", ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que no van a "cejar en el empeño" y seguirán "sudando la camiseta" para lograr un pacto. "Somos perfectamente conscientes que acordar con distintas fuerzas parlamentarias lleva su tiempo", ha agregado.

Sobre el estado de las negociaciones y el contacto con los Grupos Parlamentarios, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix ha asegurado que son "diarios". "Pocos o muchos, pues podremos subir la dosis de contactos, pero realmente contactos hay cada día" y con todos, ha apuntado.

LA CONSTITUCIÓN RECOGE LA PRÓRROGA

Bolaños también ha sido cuestionado por la obligación del Gobierno de defender ante la Cámara un proyecto de PGE y ha replicado que la Constitución regula a su vez qué sucede cuando no hay unos Presupuestos aprobados para el ejercicio en curso.

"Se regula expresamente cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior, que es lo que está sucediendo", ha defendido el ministro, haciendo hincapié en que también sucede en varias comunidades autónomas. "En ausencia de unos Presupuestos Generales aprobados para el ejercicio en curso, se prorrogan los anteriores y la Constitución lo regula con total normalidad", ha recalcado.

LOS ACTUALES SON "EXTRAORDINARIAMENTE POSITIVOS"

Además, en la línea que viene defendiendo el Gobierno, Bolaños insiste en que los Presupuestos que están en vigor son "extraordinariamente positivos" para el país y están consiguiendo que España multiplique por cuatro el crecimiento de la Unión Europea.

El ministro ha indicado que fueron aprobados por su Gobierno aunque fue en la legislatura pasada en una coalición con Podemos, no con Sumar y no por otro Ejecutivo "alejado de sus valores". Aún así ha apostillado que trabajan para conseguir apoyos parlamentarios y harán todo lo necesario.

EFECTOS DE NO TENER PRESUPUESTOS

Los presupuestos generales del Estado son la previsión que hace un Gobierno sobre lo que ingresará y lo que gastará al año siguiente. Lo mismo que haría una familia cada mes. Por eso es tan importante que haya unas cuentas. La primera consecuencia de no aprobarlas la pagarían las comunidades. Andalucía tendría que haber recibido 338 millones de euros más al mes desde que comenzó el año por los impuestos de IRPF y el IVA, que pagan los andaluces al Estado, y que luego la mitad es devuelta a las comunidades. Es lo que se conoce como entregas a cuenta. Sin presupuesto ese dinero, de momento, no se recibe.

Los millones de empleados públicos no saben cuánto subirá su sueldo. En el ámbito social, una partida de las ayudas a la dependencia queda congelada. Además, los casi cuatro mil enfermos de ELA en España pendientes de la ley con la que se mejorará su atención, no tendrían dotación económica. Otras  consecuencias son que se dificultaría la ampliación de los permisos de paternidad o la construcción de nuevas viviendas sociales.

Y las inversiones en infraestructuras quedarían en vía muerta, por ejemplo en ferrocarriles, carreteras o proyectos hídricos, tan necesarios como se ha demostrado con la sequía.