El fiscal general presenta su renuncia tras la condena

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno, después de que el pasado 20 de noviembre fuera condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad siempre presente en mi mandato de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", dice en una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En la misiva, García Ortiz afirma que "es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española". "Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", sostiene.

El fiscal entiende que "esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado inhabilitarle, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".

A pesar de dar este paso, García Ortiz expresa su "convencimiento" de "haber servido fielmente a la institución", "con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

Además, agradece al Gobierno su nombramiento como fiscal general del Estado. "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo" al renunciar al cargo, subraya.

Ahora, hasta que el Gobierno designe nuevo fiscal general del Estado, algo que Bolaños ya anunció la semana pasada que harían, la Fiscalía queda en manos de la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, persona de máxima confianza de García Ortiz que fue, precisamente, quien ejerció de fiscal en el juicio, reivindicando su inocencia.

García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a que indemnice a González Amador en concepto de daños morales con 10.000 euros.

La condena queda lejos de las peticiones realizadas por las acusaciones, que reclamaban hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación, 108.000 euros de multa y 300.000 de indemnización.

El fallo no fue por unanimidad. Contó con el apoyo de cinco magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

De hecho, Polo era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma llevó a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.

El tribunal, de mayoría conservadora, falló tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

El fallo se adelantó la semana pasada pero la sentencia aún no está redactada. De momento, solo se conoce un párrafo: "Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años".

Dicho precepto castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados", con pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.

Tras su renuncia, García Ortiz tendrá que solicitar su reingreso a la carrera fiscal, ya que como fiscal general se encontraba en "servicios especiales".

SÁNCHEZ ELOGIA A GARCÍA ORTIZ COMO "SERVIDOR PÚBLICO"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la carta de renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, refleja el "servidor público" que ha sido, y no ha concretado si su relevo se conocerá este martes aunque ha asegurado que será en un breve espacio de tiempo.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre euroafricana de Luanda horas después de que García Ortiz presentase su renuncia tras la condena de inhabilitación del Tribunal Supremo.

Ha explicado que leyó por mañana la carta de renuncia que el fiscal envió al ministro de Justicia, Féix Bolaños, y de la que ha dicho haber tenido conocimiento por los medios.

Una carta -ha señalado- que refleja el servidor público que ha habido al frente de la Fiscalía General del Estado. Además, ha deseado suerte a García Ortiz y le ha expresado su total respeto y consideración.

Al ser preguntado por el momento en que el Gobierno nombrará a su sustituto, ha recordado que ya se ha puesto en marcha el proceso para ello, y al plantearle si será en la reunión del Consejo de Ministros de este martes no lo ha confirmado.
Se ha limitado a asegurar el presidente del Gobierno que será en un breve espacio de tiempo.

FEIJÓO EXIGE QUE EL SUSTITUTO TENGA EL AVAL DEL CGPJ

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el nuevo fiscal general del Estado cuente con "el aval" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sea un jurista de "reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años.

"Debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia", ha declarado Feijóo durante su intervención en un acto con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer organizado por el PP en su sede nacional en Madrid.

Ante esa misiva de García Ortiz, el presidente del PP ha señalado que se trata de una "dimisión obligada" tras haber sido "inhabilitado por la Justicia". Dicho esto, ha indicado que, una vez formalizada, su salida, el Gobierno debería "preocuparse" de que su sustituto cumpliese una serie de requisitos.

Así, ha subrayado que debería ser "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y contar con "el aval" del CGPJ "en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto".

"Insisto, que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial con un informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto", ha dicho, para añadir que ése es un compromiso que asume el PP y espera que el Ejecutivo también lo asuma al nombrar al nuevo fiscal general.

Además, Feijóo ha defendido que el nuevo jefe del Ministerio Público no haya "desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores". Según ha recordado, esto "ya es una obligación legal gracias a las exigencias" del PP en el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

"No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia", ha enfatizado el presidente del PP.