Consumo abre expediente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos

Este expediente tiene su origen en la investigación iniciada por Consumo en octubre de 2024 a diversas agencias inmobiliarias, tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones, que prohíbe la ley de Vivienda, por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha señalado que la investigación sobre estas inmobiliarias sigue en marcha y que las sanciones previstas para este tipo de prácticas pueden ascender hasta los 100.000 euros en caso de infracciones graves y hasta el millón de euros en las muy graves.

Bustinduy además ha animado "a que toda la gente denuncie cuando, intentando buscar un piso, les quieran imponer el cobro de honorarios y servicios no solicitados, porque ningún modelo de negocio puede estar por encima del derecho a la vivienda".

En declaraciones en Barcelona, ha instado además a transmitir estas denuncias al Sindicato de Inquilinos, a las organizaciones de consumidores y a las autoridades de consumo municipales y autonómicas.

Problema de interpretación
La investigada Alquiler Seguro ha asegurado que cumple la norma "a rajatabla" desde hace diecisiete años y ha atribuido a un posible problema de "interpretación" el expediente de Consumo.

En una comparecencia de prensa, su consejero delegado, David Caraballo, ha pedido tiempo para "analizar" el expediente y se ha mostrado dispuesto a "mejorar" cualquier punto de sus protocolos en los que Consumo tenga una interpretación diferente.

Convencido de que será posible un "acuerdo" con la administración que evite la sanción, el CEO ha incidido en que el expediente está en una fase "muy inicial" y ha defendido que todos los servicios que presta esta empresa están en su web y son "públicos".

La asociación de consumidores Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario".

Tras apuntar que desde 2023 la normativa sobre arrendamiento "ha cambiado varias veces", Caraballo ha explicado que Alquiler Seguro cobra al inquilino, a la firma del contrato, la mensualidad, la fianza y el mes de garantía adicional que permite la ley, mientras que los gastos por la gestión inmobiliaria y formalización del contrato van a cargo del propietario.

No obstante, ha apuntado que el inquilino paga además los "servicios adicionales" que contrate, como servicios jurídicos o servicios de gestión de las incidencias del inmueble, entre otros.

Fin de la impunidad
Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, su portavoz Valeria Racu, ha asegurado que el cobro de honorarios y la retención de fianzas a los arrendatarios son algunas de las "ilegalidades" cometidas por Alquiler Seguro y ha celebrado el "fin de la impunidad" de estas empresas.

Según ha explicado, aunque éstas "presumen" de que el pago por algunos servicios es "voluntario", lo cierto es que "obligan al inquilino a firmar cláusulas abusivas, porque no se pueden negociar".

"A los inquilinos no nos ofrecen ningún servicio, nos obligan a firmar esa cláusula de seguro impago, cobro honorarios, servicio de atención al inquilino o 'personal shopping' y no nos permiten decir que no", ha afirmado.

Frente a esto, el Sindicato de Inquilinos ha encontrado una "vía legal que permite renunciar a esos supuestos servicios voluntarios en un tiempo concreto", por lo que recomienda a los arrendatarios firmar esas cláusulas y luego recuperarlas desde la asociación.