crisis institucional
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Conflicto político e institucional tras retirar Batet el acta al diputado Alberto Rodríguez

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ejecuta de esta manera la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos por agresión a un policía. 

Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, abandona la militancia partidista y anuncia que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia.

La ministra Belarra acusa de "prevaricación" al Supremo.

El CGPJ reprocha a la ministra Belarra su ataque al Supremo porque estas declaraciones sitúan "las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable"

Casado exige a Sánchez el cese de la ministra por estas declaraciones

CANAL SUR MEDIA 23 October 2021

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha retirado el escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Batet ha adoptado esta decisión después de que el Tribunal Supremo le haya respondido que ya dejó claro a la defensa del diputado de Podemos Alberto Rodríguez que no había errores en la sentencia y que procede ejecutar la inhabilitación porque así lo exige la ley cuando se impone una pena de prisión. Alberto Rodríguez, que además es secretario de Organización de Podemos, abandona la militancia partidista y anuncia que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia.

La reacción de la formación morada ha sido inmediata. Desde Unidas Podemos acusan a Batet de un presunto delito de prevaricación tras la decisión "unilateral" de comunicar la retirada del escaño al hasta ahora diputado de la formación Alberto Rodríguez. "La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", argumentan en Unidas Podemos. Por tanto, han censurado que Batet con su decisión, que toma "cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha", hace "un "daño enorme" a la democracia y al país.

La presidenta de la Cámara Baja se ha puesto en contacto personalmente con Rodríguez para trasladarle el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución. La formación morada ya había advertido que la sentencia explicitaba únicamente la inhabilitación al sufragio pasivo, es decir, presentarse a los comicios, y que inferir de ello la pérdida de su escaño era un claro caso de prevaricación.

Y es que desde Unidas Podemos, como ha explicitado su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, la pena por delito de atentado contra la autoridad contra Rodríguez ya estaba cumplida, una vez que se pagó la multa que sustituía el mes y medio de prisión impuesto por el fallo del alto tribunal. Al respecto argumentaba que el artículo 42 del Código Penal, que pauta la sentencia, entraña solo la inhabilitación de sufragio pasivo mientras el 44 es el que alude a no poder desempeñar el cargo público, precepto que no aparece en la resolución.

Por tanto, como han señalado diversos cargos del espacio confederal, la actuación de Batet era un hecho "muy grave", sobre todo después de haberle solicitado a la celebración de la Mesa del Congreso del próximo martes antes de tomar ninguna respuesta institucional ante el oficio del presidente de la Sala Segunda del TS, Manuel Marchena, que respondió a la petición de aclaración sobre el alcance de la sentencia que la inhabilitación era "obligada".

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya apuntaba a un posible caso de prevaricación tras confirmarse la pérdida de escaño de Rodríguez y ha acusado al Supremo de presionar a la presidenta del Congreso para que se lo quitara pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia. Su homóloga en Igualdad, Irene Montero, ha sostenido que no hay "un solo argumento legal" que permita la pérdida de su condición de diputado, como explicaron los letrados de la cámara. Y por tanto cree que detrás de la decisión "está la reacción judicial y política más profunda", lo que constituye "un asalto a la democracia". Junto a ellas, varios cargos del espacio confederal han tildado de "vergüenza", "golpe judicial" y "ataque a la democracia" la retirada del acta del diputado, cargando duramente contra el magistrado del alto tribunal, Manuel Marchena.

Precisamente la sustitución de la pena de cárcel por una sanción --que además el diputado pagó pocos días después-- es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales. De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado 'morado' perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no "interpretarla".

EL NUEVO ESCRITO DEL JUEZ MARCHENA
Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez. Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.

LA MINISTRA BELARRA ACUSA AL SUPREMO
Una acusación que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado de "prevaricación"  al Tribunal Supremo.

Tanto Ione Belarra como Pablo Echenique sostienen en redes sociales que fue condenado sin pruebas, y que ha habido presiones del Supremo y de la derecha sobre la Presidencia del Congreso. Ahí ven riesgo de prevaricación. La ministra Irene Montero habla de "asalto a la democracia", y recuerda el informe de los letrados de la cámara, a favor de que Rodríguez mantuviera el acta.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reprochado este viernes a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez y la posterior retirada del escaño por decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha mostrado su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de Belarra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones" porque atribuyen "la comisión de un delito a sus magistrados", una afirmación que, a su juicio, "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" además de "generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación".

El CGPJ ha recordado que Belarra es "un miembro del Poder Ejecutivo" por lo que este tipo de declaraciones sitúan "las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable". En este contexto, el Consejo ha mostrado "su profundo malestar" por que las declaraciones "hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno" y ha recordado que "son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido". En concreto, el órgano también afeó unas afirmaciones en 2020 al exvicepresidente Pablo Iglesias, a quien instó abstenerse de hacer una "utilización política de la Justicia" y "cuestionar su independencia".

El órgano de gobierno de los jueces ha defendido que el Tribunal Supremo y resto de juzgados y tribunales "han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad" independientemente de cual "sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

"Resulta imprescindible asimismo reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles", ha reiterado.

CASADO PIDE EL CESE DE BELARRA.
Desde su cuenta de twitter, el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que "en cualquier gobierno serio, un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato". Pablo Casado entiende que si Pedro Sánchez no actúa contra lo que califica de "ataque a la justicia y a las instituciones", será su cómplice.

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