"Pillan" al guardia civil de La Manada cuando intentaba sacar el pasaporte

La Policía Nacional ha confirmado este extremo en su cuenta de twitter: "Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener  un pasaporte teniendo en vigor una prohibición de salida del  territorio español por un Juzgado", dice el mensaje de la Policía  Nacional junto a la etiqueta '#AsíNO' y una imagen del superhéroe  Batman haciendo un gesto de negación con la mano.

Fuentes policiales han explicado que a principios de esta semana, el condenado, tras pedir cita, acudió a la Oficina de Expedición de pasaportes y Documento Nacional de Identidad (DNI) de la Policía Nacional en Tablada, en la capital andaluza, para la renovación del pasaporte. Una vez allí e iniciado el procedimiento de renovación, "saltaron las alertas de prohibición y se le denegó", según las citadas fuentes.

Al igual que el resto, Guerrero fue condenado a nueve años de prisión, pero presentó un recurso contra la sentencia y tras algo menos de dos años en prisión provisional, fue puesto en libertad el pasado jueves en espera de sentencia firme al entender el tribunal que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.

Los encausados, según el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra en la que ordenaba su puesta en libertad, tienen como obligación comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia, por el momento Sevilla, y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.

Además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dictó varias medidas cautelares para los cinco acusados. En concreto, tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria.

También se fija para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante el tribunal dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como la prohibición de obtenerlo en el futuro.

De la misma manera, les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid y la prohibición de comunicación con la víctima.