La Junta llevará a los tribunales al personal de las residencias que rechace la vacuna y la PCR obligatoria

Tres ancianos han fallecido por un brote de coronavirus en una residencia de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. En dicho centro, y sólo en las últimas horas, han aumentado los contagios y 64 residentes y 2 trabajadores ya han dado positivo. También en el Puerto de Santa María, en Cádiz, 3 brotes de covid en residencias han dado la voz de alarma con más de 60 casos registrados. La Junta de Andalucía ha pedido autorización judicial para que el personal de los centros de mayores, que no se haya vacunado, tenga que someterse obligatoriamente a pruebas PCR.  La Junta de Andalucía ha pedido autorización judicial. El Supremo no ha avalado unas medidas similares en Castilla-La Mancha.

Sólo 1.009 trabajadores sociosanitarios andaluces se han negado a vacunarse (el 2,7% de la plantilla) y dentro de este colectivo, sólo 4 solo de ellos se niegan a someterse a las dos pruebas de control semanales acordadas para evitar que puedan contagiar a residentes o a otros trabajadores. Ante esta situación la Junta anuncia que los llevará a la justicia de forma individual y muy detallada, para evitar que el supremo tumbe esta medida como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, como aclara José Repiso, director general de cuidados sociosanitarios.

Preocupación por el aumento de contagios en las residencias de mayores. Por eso, la Junta de Andalucía está reforzando la vigilancia en estos centros. En el caso de los trabajadores que estén vacunados, se les harán pruebas cada dos semanas. Si no lo están, el control será mayor: dos veces por semana. El objetivo es atajar los brotes que se están registrando en esta quinta ola en las residencias de ancianos. Los últimos casos registrados, en este centro de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. También en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María, donde tres residencias están afectadas.

Según la Federación de Mayores de Andalucía, una de las vías de entrada del virus es a través de los empleados que no están vacunados, como nos cuenta Martín Durán, Presidente Federación Organizaciones Andaluzas de Mayores, quien asegura que más de un millar de estos trabajadores no se quiere vacunar.

Ante esta situación, la Junta da un paso más. La Consejería de Salud quiere obligar a que se haga la prueba diagnóstica de infección activa todo el personal de los geriátricos que aún no se ha vacunado y que también se niega a someterse al cribado establecido. Pero atención porque el Tribunal Supremo no ha avalado las medidas planteadas por el gobierno de Castilla la Mancha para las residencias de mayores. Los trabajadores de estos centros, por tanto, no tendrán que hacerse estas pruebas covid de forma periódica. 

Pero atención porque el Tribunal Supremo no ha avalado las medidas planteadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para las residencias de mayores, entre ellas, la de someter a los trabajadores de los centros de esa región a pruebas periódicas de covid-19.

El alto tribunal ha dictado una sentencia que desestima el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, de 9 de agosto, que ya denegó esta medida.

El Supremo comparte con los jueces castellanomanchegos que el informe en el que se apoyaba la orden de la Junta no recogía datos concretos y precisos sobre las residencias y la incidencia singular en las mismas, por lo que no se podía constatar la necesidad y adecuación de esas pruebas.