La Fiscalía rebaja a 3 años las penas de prisión que pide en la pieza ERE de Río Grande
El juicio ha comenzado este jueves en la Audiencia de Sevilla sin la presencia del exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales inculpados en el caso, porque está siendo operado. Declarará el 25 de junio.
En el banquillo se sientan siete acusados.
La Fiscalía ha rebajado este jueves de 7 a 3 años la penas de prisión que reclama provisionalmente para la mayoría de los siete procesados por la pieza separada de la macrocausa de los ERE referida a las ayudas de 1,5 millones de euros concedidas a la empresa de explotación de restaurantes y bares Río Grande.
Este cambio del Ministerio Público obedece a la aplicación del artículo 65.3 del Código Penal, que hace referencia a las circunstancias agravantes y atenuantes de las penas, en este caso referidas a inductores o cooperadores necesarios respecto al autor.
La modificación fiscal ha sido planteada durante el trámite de cuestiones previas de la vista oral que ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que juzga -entre otros acusados- a Juan Lanzas, exsindicalista considerado 'conseguidor' de los ERE, quien no ha acudido a la primera sesión por haberse sometido recientemente a una intervención quirúrgica.
Entre los acusados también se encuentran Carmen Fontela, considerada la primera 'intrusa' detectada en los ERE fraudulentos, y el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín.
Con la nueva petición planteada este jueves, la Fiscalía reclama provisionalmente para todos los procesados, excepto Fontela, 3 años de prisión y 7 de inhabilitación por malversación, y otros 8 años de inhabilitación por prevaricación.
Para Fontela, la solicitud se queda en 2 años de prisión y 5 de inhabilitación por malversación, y otros 7 años de inhabilitación por prevaricación.
El juicio, señalado hasta el día 26 de junio, fue suspendido el pasado 5 de marzo por la entonces reciente designación del nuevo abogado de Lanzas.
La Fiscalía, según recoge el escrito de acusación, explica que la administradora única de la empresa Río Grande era "sabedora" de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y "al margen de procedimientos legalmente establecidos", podía otorgarle fondos públicos para obtener "liquidez inmediata" en su empresa.
De esta forma, relata la acusación pública, consiguió que el director general, el ya fallecido Javier Guerrero, beneficiara a su empresa con una ayuda por importe de 1,53 millones de euros "que no consta entre las concedidas y facilitadas" por la Junta, puesto que se utilizó un "sistema irregular de pagos cruzados" para el abono de unos primas de seguro, de modo que no quedaban reflejados en la contabilidad de la agencia pública IFA-IDEA.
El destino de las subvenciones era financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordado entre la empresa y los trabajadores en la tramitación de un ERE, siendo la forma de pago la suscripción de un seguro de rentas a favor del trabajador.
Además de la administradora única de la mercantil, entre los encausados figuran varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, la entidad Atrado Mensajería y el bufete Estudios Jurídicos Villasís, así como una 'intrusa' que se benefició de una póliza de seguro pese a que nunca había trabajado para Río Grande.
En esta causa también fue investigado el ex director general de Trabajo Juan Márquez, pero el juez lo excluyó en octubre de 2017 en aplicación del principio 'non bis in ídem', ya que estaba siendo juzgado por los mismos hechos en la pieza del procedimiento específico, una decisión que la Audiencia de Sevilla ratificó en enero de 2018
