Un Juzgado de Sevilla enjuicia a partir de este martes a 45 personas, entre ellos 37 policías locales y varios funcionarios, por la supuesta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias de empleo público promovidas en 2012 por el Ayuntamiento hispalense para cubrir puestos de la Policía Local.
En su escrito de acusaciones, la Fiscalía de Sevilla sostiene que los exámenes de dichas oposiciones se "filtraron de modo selectivo e intencionado la plantilla de corrección a los aspirantes que tenían intención de favorecer", lo que provocó que los acusados cometieran los mismos errores.
La Fiscalía de Sevilla solicita para el superintendente de la Policía Local Juan José García, los miembros del tribunal de las oposiciones y un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos por el fraude de las oposiciones.
Para los agentes que superaron las oposiciones supuestamente amañadas pide una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público pide asimismo que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados y que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario a efectos de las consecuencias administrativas y económicas que ello acarree.
Aunque el juicio comenzará el martes, las sesiones previstas en septiembre se destinarán a que las partes planteen sus cuestiones previas, por lo que las declaraciones de los acusados no comenzarán hasta el 2 de octubre empezando por el superintendente de la Policía Local Juan José García, que presidía el tribunal de las oposiciones.
Una vez que declaren los acusados comenzarán a comparecer los testigos, entre ellos el exdirector de la Policía Nacional José Antonio de la Rosa durante la etapa como ministro del Interior de Juan Ignacio Zoido, quien siendo alcalde lo nombró director general de Seguridad del Ayuntamiento, cargo que ostentaba en la etapa de los hechos.