Condenados 23 ultras de Betis y Sevilla por un delito de riña tumultuaria
Se les condena a tres meses de multa y a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a dos bares de la avenida Alberto Jiménez Becerril de Sevilla en los que se citaron para pegarse.
Un total del 23 ultras del grupo de los 'Biris' de Sevilla y de 'United family' del Betis han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla por un delito de riña tumultuaria por la que mantuvieron en la madrugada del 6 de enero de 2018 antes de la disputa del partido de máxima rivalidad sevillana.
La sentencia condena a los radicales de Sevilla y Betis, entre los que se encuentran dos suecos y un ecuatoriano, a tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros (540 euros) y a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a dos bares de la avenida Alberto Jiménez Becerril de Sevilla en los que se citaron para pegarse con 110,37 y 580,92 euros.
Los hechos por los que han sido juzgados los ultras se produjeron el 6 de enero de 2018, cuando se citaron "a través de mensajes de telefonía para reunirse con el único fin de agredirse" entre ellos "con motivo de la rivalidad existente entre los aficionados de ambos clubes, motivada por simpatizar con ideologías contrarias".
A medianoche de ese día, en las inmediaciones de dos bares "se acometieron violentamente" y se lanzaron "todo tipo de objetos y mobiliario del local" como sillas, taburetes, vasos, ceniceros y servilleteros "provocando una grave alteración del orden público, tras lo que trasladaron la pelea al vecino Parque de los Perdigones, "movidos ambos grupos por el odio a la afición rival y el odio a los ideales con los que éstos simpatizan".
Los hechos son constitutivos de un delito de riña tumultuaria del artículo 154 del Código Penal y han sido reconocidos por todos los acusados, quienes mostraron su conformidad con la Fiscalía y la acusación popular ejercida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Según la sentencia, existe además un procedimiento administrativo por estos mismos hechos, calificados como desórdenes públicos con multa de 10.000 euros, que quedó suspendido a la espera del resultado del juicio penal.
