Cierran en Málaga una "residencia de los horrores"
Las instalaciones privadas carecían de licencia pese a llevar abierta diez años. La investigación indica que se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas que allí vivían entre excrementos y humedades.
Tras la denuncia de la propietaria del inmueble, se ha realizado una inspección por los Servicios Sociales de la Junta, quienes han cerrado el centro y han reubicado a los mayores.
Las inquilinas han dejado casi 90.000 euros en deudas y daños en el inmueble por unos 250.000 euros.
La Junta de Andalucía ha decretado el cierre de una residencia privada, ubicada en Málaga capital, por carecer de licencia de apertura pese a haber estado abierta desde hace más de diez años y no contar con las condiciones de habitabilidad e incumplir las condiciones higiénico-sanitarias.
El cierre se ha decretado a instancia de la inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga y los ancianos que vivían en este centro privado y sin plazas concertadas con la Junta de Andalucía han sido reubicado.
De la investigación se desprende que en la residencia, presuntamente, se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas al no preservarlas durante la higiene y los cuidados sociosanitarios.
También había supuestamente un incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones, dependencias, equipos, menaje, utensilios y vestuario, entre otros apartados.
Paredes llenas de humedades, excrementos en algunas de las estancias, suelos hundidos, roturas de barandillas, colchones llenos de orinas y la solería de la ducha levantada, son algunas de las escenas que se han encontrado los propietarios del inmueble, que tenían alquilado, al entrar en la finca y que hicieron que uno de ellos se desmayara en el jardín al comprobar que el mismo se había convertido en la "residencia de los horrores", ha asegurado a EFE el abogado que los representa, Andrés Francisco Pérez Plaza.
En la denuncia que ha presentado Pérez Plaza, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que además de los cuantiosos daños causados, las inquilinas, que ya han alquilado otra finca en la localidad malagueña de Torremolinos para explotarla como residencia de ancianos, les han dejado una deuda de 84.458,75 euros.
Debido a que cada mes la deuda iba a más, los dueños dijeron a las inquilinas, antes de que la Junta decretara su cierre, que necesitaban vender la finca para poder subsistir y pagar la hipoteca que grava sobre la misma, pero ellas "le exigieron dinero para irse" y le amenazaron con que la destrozarían si no accedían, según consta en la denuncia.
El abogado ha explicado que sus clientes no accedieron a la "extorsión" de las inquilinas y que gracias a un amigo de la denunciante, detective privado, pudieron corroborar que se estaban llevando portes de enseres a la nueva residencia tras la orden de cierre de la Junta.
