La ley que regula el sector, aprobada hace tres años, no permite esta práctica
Los propietarios de esas viviendas se exponen a unas sanciones que pueden llegar hasta los 10.000 euros
El área de inspección de la Consejería de Fomento ha iniciado estos expedientes después de analizar más de 25.000 viviendas que actualmente se ofertan en Andalucía para fines turísticos. De ellas, un total de 174 son de protección oficial y están construidas con ayudas públicas por lo que no pueden destinarse a este fin.
Las viviendas protegidas solo pueden utilizarse como residencia habitual y permanente del titular.
La ley que regula el sector, en vigor desde hace tres años, contempla sanciones que oscilan entre los 9.000 y los 10.000 euros si no se cumple este punto.
Las asociaciones de propietarios de viviendas turísticas reclaman desde hace tiempo la lucha contra este fenómeno.
En lo que llevamos de año, la administración ha abierto un total de 30 expedientes por el uso turístico no autorizable. Andalucía cuenta en la actualidad con alrededor de 50.000 viviendas registradas para este fin que cumplen con todos los requisitos legales.