Los padres y el tío de la niña que se suicidó tras sufrir acoso escolar se han reunido con la consejera de Desarrollo Educativo.
La querella que presentaron la semana pasada contra las Irlandesas de Loreto ha sido admitida a trámite.
La familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla el pasado 14 de octubre, se ha reunido este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo. Los padres y el tío de la niña se han mostrado satisfechos con el encuentro y han agradecido el apoyo de la Junta en todo el proceso.
Coincidiendo con este encuentro la familia ha informado de que la querella presentada la semana pasada contra el colegio en el que estudiaba Sandra y donde sufrió acoso, las Irlandesas de Loreto, ya ha sido admitida a trámite.
El tío de Sandra ha agradecido el apoyo de la Junta en la investigación y ha señalado que "se mantienen todas las vías abiertas" a la espera que avance la parte judicial.
"Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren", ha afirmado el portavoz de la familia, que también ha agradecido "el cariño que están recibiendo de la sociedad".
"Ojalá esto sirva para que sea un antes y un después y se cambien todas las normas o todas las leyes que haya que cambiar para que estas situaciones no se repitan", ha remarcado el tío de Sandra.
Villar ha confirmado que el juzgado ha admitido la querella presentada el pasado viernes contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado" en el suicidio de la menor.
Según la familia, hay ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro educativo en el que estudiaba la víctima llevan a concluir "sin lugar a dudas" la posible implicación de los mencionados docentes en el caso, dada su "falta" de actuación en el presunto caso de acoso que podría haber sufrido Peña. Por ello, la familia alega que los implicados habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean al suicidio de la niña. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa" en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar "con el monstruo del bullying". Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.
Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo tiene abierta una investigación por la vía administrativa que está parada a expensas de lo que se resuelva por la vía judicial.
El portavoz de la familia ha asegurado que los padres de Sandra continúan muy afectados por lo sucedido y que recordar constantemente los hechos no es fácil ni ayuda a superar la pérdida, pero considera necesario seguir adelante. También ha subrayado que mantener esta lucha es clave para impulsar cambios y evitar que tragedias similares se repitan.
El pasado 14 de octubre, nada más salir del centro educativo, la menor murió tras arrojarse desde la azotea de su casa, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional y de la Consejería de Desarrollo Educativo.
Esta administración decidió trasladar a la Fiscalía la información recabada en el colegio privado concertado al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas y abrió un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades ante esa supuesta falta de actuación.