Juicio en Málaga al cura acusado de violar y grabar a cuatro mujeres tras sedarlas

La Audiencia de Málaga ha iniciado este lunes el juicio a un exsacerdote acusado de abusar de varias mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas y también grabarlas cuando estaban inconscientes. La Fiscalía pide una pena de 72 años de cárcel.

La declaración de la mujer que destapó las grabaciones ha centrado la primera sesión del juicio. Esta testigo era pareja del acusado, conocido como el Padre Fran, que ejercía el sacerdocio en Vélez. La testigo ha asegurado que dos cargos de la Diócesis vieron los vídeos y no actuaron.

Ha habido una gran expectación en la Audiencia de Málaga por el comienzo de este juicio. La primera en declarar ha sido la expareja sentimental del sacerdote acusado. No ha podido reprimir las lágrimas al recordar las fotos de las víctimas halladas en la casa en la que convivía con el cura. En su declaración se ha mostrado rotunda al asegurar que las autoridades religiosas de Melilla y Málaga conocían los hechos y no hicieron nada.

El acusado, sentado de espalda al público asistente a la vista oral, ha escuchado la declaración de su expareja, que se ocultaba tras un biombo para preservar su identidad. La principal testigo ha descrito que encontró un disco duro que contenía cinco carpetas clasificadas con vídeos y fotografías de mujeres inconscientes siendo sometidas a actos sexuales. Asegurando que supo que era el padre Fran porque reconocía su cuerpo.

La mujer ha explicado que hizo copia del disco duro y se lo contó a una amiga, así como a varios sacerdotes de Melilla, que le pidieron que no hiciera nada. Ella tardó unos meses en denunciar los hechos, tenía miedo. finalmente se decidió para que se haga justicia.

Está previsto que en el juicio las víctimas declaren a puerta cerrada. El sacerdote se enfrenta a una petición fiscal de 72 años de cárcel por presuntos delitos de agresión sexual (mediante sumisión química), lesiones y revelación de secretos contra al menos cuatro víctimas identificadas.

También se contempla la declaración de 16 testigos, policías nacionales y médicos forenses, entre otros.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, el acusado era desde agosto de 2017 párroco de las localidades de Ardales y Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. Antes, había pertenecido cuatro años a la orden de los Padres Trinitarios, continuando luego en el Seminario, hasta que fue ordenado diácono y presbítero en junio de 2016 y junio de 2017, respectivamente.

En el ámbito de estos ambientes y actividades de tipo religiosas, entabló amistad con las cuatro víctimas en diferentes fechas, aunque según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional,  estas relaciones se mantuvieron hasta 2023, momento en el que salieron a la luz los hechos que ahora se enjuician.

La acusación pública señala en este escrito cómo actuaba con las mujeres y cómo aprovechaba la relación de "fuerte" amistad y de carácter "íntimo", así como la "confianza" entre ambos, "amparada por la condición de religioso del acusado", que llevaba a que estas frecuente pernoctara en los domicilios en los que iba residiendo o vinculados con él.

El ministerio fiscal relata que el procesado, sin que ellas se percataran, supuestamente les suministraba "una sustancia desconocida -con toda probabilidad éxtasis líquido o 'alegría'-, lo que las hacía sumirse "en una profunda situación de somnolencia", en la que "no eran consciente de nada de lo que le pudiera ocurrir" y con lo que evitaba "cualquier defensa".

De esta forma, dice la Fiscalía, el acusado supuestamente se aseguraba "la ejecución de lo que previamente había planeado hacer" y con la intención "de satisfacer sus deseos sexuales", realizaba supuestos actos de esta índole "sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima, ya que se encontraba privada de consciencia".

Además, dichas actuaciones eran presuntamente grabadas y fotografiadas por parte del acusado, sostiene esta acusación, que incide en la "evidente intención de vulnerar su intimidad" en esas ocasiones en las que, "sin el consentimiento", las víctimas eran grabadas en situaciones cotidianas de intimidad, de espaldas o en la playa en bikini.

Según el ministerio público, en estas grabaciones se pueden ver los actos que supuestamente realizaba el acusado y permiten también precisar las fechas en que sucedieron. En uno de los casos, la víctima acudió a él por la difícil situación que atravesaba y en todos las mujeres han sufrido daño psíquico y moral que le ha originado un trastorno.

El fiscal señala que las perjudicadas "no fueron conscientes ni tuvieron conocimiento en ningún momento de los hechos" por lo que continuaban su relación de amistad y confianza con el acusado, hasta que en las Navidades 2022-2023, "la pareja sentimental" del acusado en el domicilio parroquial "en el que cohabitaban en Melilla", encontró, casualmente, un disco duro con las imágenes.

La mujer intentó ponerlo en conocimiento de las autoridades religiosas de Melilla y Málaga, bien personalmente, bien a través de correos electrónicos, "sin que dichas autoridades tuvieran a bien escucharla, o colaborar con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o tomar medida alguna, más allá de trasladar al acusado a las parroquias de El Burgo y Yunquera", dice la Fiscalía.

Ante esta situación, optó por denunciar los hechos, en agosto de 2023, ante la Policía Nacional, a la que entregó copia del material encontrado y, según señala la acusación pública, "fue en ese momento cuando todas las víctimas tuvieron conocimiento de la situación ya relatada".

Por estos hechos, la Fiscalía le acusa de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones. Además de los 72 años de prisión, pide que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicar con las víctimas durante diez años y la medida de libertad vigilada por el mismo tiempo.

Asimismo, esta acusación solicita que el acusado pague una indemnización total de 1,2 millones de euros, de forma que abone a cada una de las cuatro víctimas 300.000 euros por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales. Para la Fiscalía, de esas cantidades debe responder como responsable civil subsidiario la Diócesis de Málaga.

Al respecto, el obispo, Jose Antonio Satué, expresó el pasado viernes en rueda de prensa que los abogados del Obispado "van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad porque no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote".

Pero, aseveró que "aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, esta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos". Además, expresó la "colaboración con la justicia" y su "confianza en los tribunales".

"La Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan", manifestó el obispo, quien pidió "perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en esta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir".