Indemnización de 100.000 euros por hectárea a los agricultores que abandonen el cultivo
Se les pagarán 20.000 euros al año en cinco plazos. Pueden optar por reconvertir sus explotaciones a secano o producción ecológica pero con ayudas económicas inferiores.
El Gobierno central aportará el 70% del importe de las indemnizaciones, la Junta el 20% y un 10% la Diputación de Huelva.
El acuerdo pone fin a dos años de desencuentro entre los gobiernos central y autonómico y entierra definitivamente la proposición de ley que se tramitaba en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana.
Los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales, a cambio de dejar de cultivar sus tierras y "renaturalizar o reforestar" los suelos.
Así lo contempla el acuerdo firmado este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Un acuerdo que, en total, contempla una inversión de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno.
De esa ayuda de 100.000 euros, la mayor parte, 70.000 euros, serán aportados por el Gobierno central, mientras la Junta destinará 20.000 euros y la Diputación de Huelva añadirá otros 10.000, en un acuerdo que propiciará la retirada del proyecto de ley de regadíos que se estaba tramitando en el Parlamento de Andalucía.
Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso, las ayudas que recibirán serán inferiores.
El documento del acuerdo incluye numerosas medidas concretas y su horizonte temporal será 2027. Las inversiones previstas no se ciñen sólo a la Corona Norte de Doñana sino que abarcan a 14 municipios del área de influencia del parque en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Municipios que, en total, abarcan a una población de unos 200.000 habitantes. Sus ayuntamientos se van a beneficiar de ayudas por valor de unos 70 millones de euros para mejoras de infraestructuras y servicios.
El acuerdo contempla también la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana. Para este tipo de proyectos el Gobierno central aporta una dotación de 30 millones.
Casi dos años de desencuentros
Este acuerdo pone fin a casi dos años de desencuentro entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sobre los regadíos en la Corona Norte de Doñana, una polémica en la que también se han involucrado las autoridades de la Unión Europea y la Unesco.
Las discrepancias comenzaron cuando se presentó en el Parlamento la primera proposición de ley en enero de 2022, con la que PP, Ciudadanos y Vox pretendían la regularización de casi 1.500 hectáreas de invernaderos de fresa como regadío a pesar de que estaban en tierras calificadas como secano.
El llamado Plan de la Fresa de 2014 regularizó unas 9.400 hectáreas de un total de 11.000 y los agricultores que quedaron fuera alegan que la cartografía empleada entonces estaba plagada de “errores”, por lo que reclaman su derecho a formar parte de esta regularización, algo a lo que el Gobierno andaluz ha defendido que "había que dar una solución".
La Comisión Europea amenazó a España con multas millonarias si la norma andaluza salía adelante y el Gobierno central amenazó con llevar la norma al Tribunal Constitucional. Paralelamente, la Unesco y un millar de investigadores de 25 sociedades científicas criticaron la norma, y finalmente la proposición de ley decayó tras la disolución de la Cámara andaluza por la convocatoria de elecciones autonómicas, en las que el PP logró la mayoría absoluta por primera vez en la historia andaluza.
La iniciativa se volvió a retomar el 2 de marzo de 2023, casi un año después, en forma de proposición de ley del PP, a la que añadió su firma el grupo de Vox. Desde el Gobierno andaluz se insistía en que la propuesta prevé que el agua para los agricultores sea siempre superficial, que no afectará al acuífero de Doñana y que este agua provendría de unas obras de infraestructura comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En toda esta polémica, el PP arrasó en los comicios municipales en la provincia de Huelva, donde logró incluso alcanzar el gobierno de la Diputación, una institución en manos de los socialistas durante casi toda la historia democrática.
El pasado 20 de septiembre, la proposición de ley estaba ya con todos los trámites finalizados cuando el PP decidió frenar su aprobación final.
La reunión de Moreno y Ribera el pasado 3 de octubre de 2023 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, ofreció una tregua a la tensión entre ambos gobiernos, que acordaron crear una mesa de negociación "al más alto nivel" para intentar llegar a un acuerdo definitivo en el plazo de un mes.
Aunque finalmente no ha ocurrido, el Gobierno andaluz y el PP siempre han advertido de que la iniciativa no estaba retirada sino pospuesta y que si las reuniones finalmente no llegaban a buen puerto la volverían a presentar porque ese era el compromiso alcanzado con los agricultores afectados.
Finalmente han sido 54 días de reuniones "casi diarias" que han tenido como grandes protagonistas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Gobierno, y a los consejeros andaluces de Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.
A la espera de conocer los detalles del documento firmado entre Moreno y Ribera, los sectores afectados han mostrado su satisfacción por el acuerdo, entre ellos el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la Plataforma en Defensa de los Regadíos de la Corona Norte, organizaciones ecologistas y agrarias.
