El Gobierno movilizará 2.040 viviendas de la Sareb para uso social en Andalucía

El Gobierno ha aprobado este martes destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo que cederá a comunidades y ayuntamientos, a los que también venderá espacio para levantar hospitales, escuelas y aparcamientos públicos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, por "reconstituir" el parque público de vivienda en España y por "aprovechar el cien por cien de los activos" del llamado 'banco malo'.

Calviño ha explicado que, de las 50.000 viviendas de la Sareb que se pretenden movilizar, hay un stock de 21.000 que podrían servir para uso social y que pondrá a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para su venta; mientras que otras 14.000 ya se encuentran habitadas y otras 15.000 se construirán en suelos disponibles de su propiedad.

REGULARIZAR 14.000 VIVIENDAS OCUPADAS

En las 14.000 viviendas que hay ocupadas, se está trabajando para identificar a las familias vulnerables y ofrecerles un programa de alquiler social y acompañamiento laboral, con el fin de regular su situación.

En este momento, la Sareb gestiona más de 2.000 alquileres sociales y está dando acompañamiento especial a más de 400 familias.

Respecto a las cerca de 21.000 que se quieren vender a comunidades y ayuntamientos para que las destinen a alquiler asequible o alquiler social, 9.000 de ellas ya están disponibles y 12.000 se encuentran pendientes de obras de finalización y habitabilidad.

Su distribución territorial es la siguiente: Valencia, 4.950; Cataluña, 3.539; Castilla y León, 2.288; Murcia, 2.093; Andalucía, 2.040; Castilla-La Mancha, 1.534; Galicia, 1.285; Cantabria, 611; Aragón, 580; Madrid, 455; La Rioja, 388; Extremadura, 305; Canarias, 303; Asturias, 171; Baleares, 120; País Vasco, 81 y Navarra, 25.

Calviño ha afirmado que, a día de hoy, la Sareb ha negociado ya acuerdos de venta, entre otras, con la Comunidad Valenciana (en torno a 500 viviendas) y Galicia (42 viviendas); y está ultimando las que tiene abiertas con el Ayuntamiento de Madrid (para 42 unidades) y los municipios del área metropolitana de Barcelona (80 casas).

También está negociando operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega; y trabaja con la Generalitat de Cataluña en un nuevo acuerdo de venta de 200 viviendas y 200 suelos.

Tiene pendientes también convenios de venta o cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a Administraciones Públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables.

Como ejemplo, la vicepresidenta ha puesto los acuerdos para la puesta a disposición de viviendas para los trabajadores temporeros en el ámbito agrícola o para fomentar el emprendimiento y fijar población joven en las zonas rurales; así como el acuerdo con el Ayuntamiento de Tárrega (Lérida) para establecer un centro de acogida de refugiados.

60 % EN EL ARCO MEDITERRÁNEO

En cuanto al proyecto de cesión de suelo urbanizable para la construcción de unas 15.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible, que se desarrollará a través de la colaboración público-privada, Calviño ha apuntado que también se ofrecerá a las administraciones públicas espacios para "construir hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos".

Según un comunicado del Ministerio, tanto las viviendas como los suelos tienen una distribución geográfica asimétrica y no siguen un criterio poblacional, sino de disponibilidad de los inmuebles que poseían las entidades financieras y pasaron a formar parte de Sareb, lo que supone que un 60 % de estos bienes se concentran en el arco mediterráneo, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

EL GOBIERNO ANDALUZ PIDE LA CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha criticado este martes que las comunidades autónomas "nos enteramos de la política de vivienda de nuestro país a través de los mítines del PSOE".

"Eso es muy grave, no puede suceder y no nos podemos acostumbrar a que suceda", ha sentenciado el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la nueva Ley de Vivienda que los socios de la coalición de gobierno han pactado con ERC y Bildu, y al hilo del anuncio de movilización para alquiler social de pisos en manos de la Sareb realizado el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el transcurso de un acto de partido.

El portavoz del Ejecutivo andaluz ha remarcado que la competencia de vivienda es "eminentemente autonómica", y ha criticado que, pese a ello, "el Gobierno de España toma decisiones sin contar con absolutamente nadie, y las anuncia en mítines del PSOE".

"Desde la Junta no entendemos que en una competencia claramente autonómica como la vivienda el Gobierno legisle de espaldas a las autonomías, y que nos tengamos que enterar prácticamente por la prensa, por el telediario, de que se aprueba una ley, de que se movilizan tantas viviendas, de que se toman decisiones en el ámbito de nuestras competencias sin contar con nosotros", ha insistido en criticar Ramón Fernández-Pacheco.

El consejero portavoz ha explicado que, respecto a la nueva Ley de Vivienda, la Junta ha puesto a sus servicios jurídicos "a estudiar esa norma de la que no conocemos nada más que lo que se ha publicado", así como ha solicitado "la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, para que las comunidades autónomas podamos preguntar, para que exista ese diálogo del que tanto hablan desde el Gobierno de España y que tan poco practican", según ha abundado el titular andaluz de Medio Ambiente.

En esa línea, el consejero ha defendido que el Gobierno debería primero haber convocado esa comisión sectorial, haber explicado a las comunidades autónomas esa medida y, cuando hubieran "pactado una política de vivienda en base a nuestras competencias, podremos hacer valoraciones", pero "todo se hace mal desde el principio", según ha lamentado.