El presidente del TSJA advierte que la comunidad, a pesar de una leve reducción del 2 % en 2025, tiene una de las tasas de litigiosidad más altas del país.
Una justicia "muy tensionada, lenta y poco eficiente", lamenta Lorenzo del Río, quien estima que hacen falta 192 plazas judiciales para alcanzar una situación razonable.
Lo órganos judiciales en Andalucía recibieron el año pasado 1.399.188 asuntos. Es un 2 % menos que en 2024, pero la comunidad sigue teniendo uno de los niveles de litigiosidad más altos del país, con una media de asuntos por cada mil habitantes por encima de la nacional y una "sobrecarga" de trabajo que asemejan la situación actual a una "epidemia judicial".
Así lo ha descrito el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que ha presentado este jueves la memoria anual de actividades correspondiente a 2025, en la que apunta que la leve caída de la litigiosidad no evita que persista la "gran judicialización" de asuntos ni elimina la "sobrecarga sensible" de trabajo, una situación que ha definido como de "epidemia judicial".
Del Río ha reiterado que estos datos, que evidencian una justicia en Andalucía "muy tensionada, lenta y poco eficiente", afectan al mandato constitucional de una justicia en plazos razonables, y ha confiado en que las medidas implantadas en 2025 para la eficiencia judicial den sus frutos.
En concreto, Andalucía supera en un 2,8 % la media estatal, al contar con una tasa de 158,15 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 153,70 del conjunto del Estado. En su opinión, con la plantilla judicial actual no es prosible afrontar el actual nivel de litigiosidad, y ha estimado en 192 las plazas judiciales necesarias para alcanzar una situación razonable.
La memoria desgrana que la mayor carga de trabajo procede de la jurisdicción Penal, con el 52 % de los asuntos, mientras que la Civil concentra un 39 % del trabajo, la Social otro 7 %, y la Contencioso-Administrativa un 2 % de los asuntos ingresados.
De estos datos resalta que la Civil ingresa un 7 % menos de asuntos respecto a 2024, dato que rompe con una tendencia al alza mantenida desde 2017, mientras que la Social un 3,2% menos y en la Contencioso-Administrativa se refleja un 6% de disminución. Solo la Penal registra un aumento del 1,5 %.
Más asuntos resueltos pero también más pendientes
Pese a que durante el pasado año los juzgados andaluces resolvieron 1.399.375 asuntos, un 4 % más que en 2024, los pendientes a final de año son 870.003, con una tasa de resolución del 0,99 que, según la memoria del TSJA, indica laboriosidad.
El número de asuntos pendientes se ha incrementado en una década en un 76 % al pasar de los 494.029 de 2015 a los actuales, un "atasco llamativo y preocupantes", según la memoria del alto tribunal.
La cifra de asuntos pendientes de ejecución volvió a incrementarse el año pasado por la suma de casos en todas las jurisdicciones, aunque tiene especial peso el orden civil, que representa un 58 % del total, seguido de Penal con otro 35 %.
"La situación descrita nos obliga a mantener un nivel de esfuerzo, ya que se trata de un indicador de calidad de la justicia que arroja todavía datos lejanos a lo deseable", apunta Del Río en la memoria.
Este balance de la actividad judicial destaca también el alto porcentaje de vistas y juicios suspendidos e interpreta que las estadísticas conducen a unas conclusiones "negativas y similares" a las de años anteriores.
Una justicia "lenta y poco eficiente"
Del Río, que ha definido la situación actual de la justicia andaluza como "lenta y poco eficiente", se ha referido también a la implantación de la nueva estructura organizativa de los Tribunales de Instancia y a la nueva Oficina Judicial.
"Por el momento la situación no es satisfactoria y se detecta preocupación e inseguridad", ha resumido antes de advertir de que, aunque desde la administración autonómica se han dado pasos importantes en este último año hacia la la consolidación tecnológica, todavía queda un importante camino por recorrer.
Ha reclamado por ello, en un plazo "razonable", la plena eficiencia organizativa con el modelo de Tribunales de Instancia y nueva oficina judicial, la "ansiada" transformación tecnológica y la reforma y cambio "radical" del proceso penal.