consejo interterritorial de salud
consejo interterritorial de salud

Andalucía da carpetazo a la subasta de medicamentos

La Junta de Andalucía se ha sumado a la compra centralizada de medicamentos del Ministerio de Sanidad.

De esta forma abandonará la subasta de medicamentos de forma progresiva.

Esa medida habría permitido ahorra más de 500 millones de euros, según el anterior gobierno. 

5 marzo 2019

El consejero del nuevo gobierno del PP andaluz ha avanzado que Andalucía se ha sumado a la compra centralizada de medicamentos, lo que provocará el abandono progresivo de la subasta de medicamentos que, según los cálculos de la administración, permitió ahorrar 177 millones de euros en 2018.

Jesús Aguirre avanzaba esta medida en declaraciones a los medios en el Ministerio, donde se ha celebrado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que se estrenaba.

La incorporación de Andalucía se produce después de que el PP haya llegado a la presidencia de la Junta y tras años de plantear recursos contra la subasta, el sistema de selección pública de medicamentos implantado por los socialistas en Andalucía.

El consejero ha precisado que los contratos ya firmados con las empresas farmacéuticas se mantendrán hasta que finalice la vigencia pero ha insistido en su apuesta por la compra centralizada, ya que contribuirá a abaratar los costes de adquisición de medicamentos y productos sanitarios.

"No sé por qué hasta ahora no lo ha hecho pero están todas las comunidades, sin embargo, Andalucía no y a partir de ahora será una más aportando todo su potencial", ha dicho Aguirre.

Con esta decisión, a su juicio, se beneficiarán todas las comunidades porque al ser mayor el volumen de compra se abaratarán los costes "sensiblemente", lo cual "será muy positivo".

La subasta andaluza se implementó mediante un decreto-ley que modificó la ley de Farmacia de Andalucía, del 2007, y estableció un sistema de puja entre laboratorios, que fue recurrido en varias ocasiones por el Gobierno del PP. El anterior gobierno calcula en más de 500 millones el ahorro desde que se puso en marcha. 

El Tribunal Constitucional ha avalado en tres ocasiones este sistema, la última vez fue en febrero de 2017.

ES NOTICIA