Se trata de la Ley de Montes y la de Gestión Ambiental de Andalucía, que facilitan la planificación forestal teniendo en cuenta retos como los que plantea el cambio climático.
España se ha referido también a la petición que hace la Fiscalía de 98 años de cárcel para 14 ex-altos cargos socialistas de la Junta por extravío de 1,2 millones de euros de fondos públicos: "Andalucía vuelve a las portadas por corrupción del PSOE".
El consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles dos nuevas leyes en materia de sostenibilidad, cuya tramitación era un compromiso de legislatura para la Junta. Se trata de la Ley de Montes y la de Gestión Ambiental de Andalucía, que facilitan la planificación forestal teniendo en cuenta retos como los que plantea el cambio climático. Además, el Gobierno andaluz ha criticado que el de España sólo acepte el 23% de las demandas en materia de infraestructuras eléctricas que presenta Andalucía. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, se ha referido también a la petición que hace la Fiscalía de 98 años de cárcel para 14 ex-altos cargos socialistas de la Junta por extravío de 1,2 millones de euros de fondos públicos. Ha dicho que "Andalucía vuelve a las portadas por corrupción del PSOE".
El proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA) prepara al sector forestal para los retos del siglo XXI y garantiza la autonomía municipal y la corresponsabilidad en la gestión de los montes de titularidad local. El texto, que empezará a tramitarse en el Parlamento andaluz, actualiza la normativa de 1992 e incorpora medidas de bioeconomía, digitalización y simplificación administrativa y adapta la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas.
La nueva normativa es anterior incluso a la ley estatal de 2003, algo que ha generado a lo largo de los años vacíos y duplicidades que era necesario corregir, según ha explicado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en la rueda de prensa posterior a la reunión este miércoles del Consejo de Gobierno. La actualización responde también al mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación más reciente subraya la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz, cuyo objetivo es construir una legislación coherente, moderna y eficaz, que facilite la gestión sostenible de los montes y contribuya al desarrollo del medio rural.
El consejo de Gobierno también ha aprobado el Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que simplifica procedimientos administrativos y reduce de forma significativa los tiempos de tramitación de las autorizaciones ambientales. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha informado de este proyecto de ley que sustituye a la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) e iniciará su tramitación parlamentaria, al tiempo que ha confiado en que se apruebe antes de acabar este legislatura.
El texto introduce una reforma de calado en el nivel local con la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos, que pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.
Otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA), un procedimiento mucho más ágil para las corporaciones locales.