Una figura en el papel

El COVID incidió muy negativamente en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes; de ahí que la ley de la infancia que se aprobó en 2021 contemplase la creación obligatoria de una figura para velar por el bienestar y la protección de los menores en las escuelas.

La realidad es que, años después de la aprobación de esta norma, los recursos necesarios para que esta labor sea efectiva no llegan a los colegios. Así lo ponen de manifiesto organizaciones como Unicef, las familias y los propios docentes.

Expertos, organizaciones, estudios cualificados alertan de un aumento preocupante  desde la pandemia en los trastornos de salud mental entre los menores,  con un incremento significativo en las tasas de suicidio. 4 de cada 10 adolescentes han manifestado tener problemas de salud mental y 1 de cada 3 no ha hablado con nadie al respecto.

En este contexto surge la Ley de protección integral a la infancia, aprobada en 2021. Entre otras muchas medidas para la prevención, detección y actuación, la norma crea la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, que se establece como obligatoria en todos los centros escolares de titularidad privada, pública o concertada, a los que asistan niños y niñas menores de 18 años. 

España aprobó la que se ha considerado una ley pionera de protección integral a la infancia y la adolescencia. Cuidar la salud mental de los niños y las niñas es una prioridad que hoy por hoy no se sustenta en los recursos necesarios para hacerla efectiva en las escuelas. Pero que se aferra a la vocación y voluntariedad de los profesionales.