El alcalde de Chipiona recrimina a la joven madre que okupa una cofradía

En el almacén de la Hermandad del Cristo de las Misericordias, en la localidad gaditana de Chipipona, en lugar de los preparativos habituales para la Semana Santa, se encuentra Yumara, una madre de 27 años que se instala allí con su hijo de 3 años y su perro, buscando un refugio que no tiene. Mientras los miembros de la cofradía retiran su patrimonio para protegerlo, ella asegura que lo hace por pura necesidad y no por capricho. Es una estampa tensa donde el drama personal de una familia se mezcla con la preocupación de un pueblo entero que observa con asombro la ocupación de este lugar sagrado para la tradición local.

El conflicto sube de tono cuando interviene el alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, que curiosamente conoce a la joven desde que era su alumna en el colegio. El alcalde sostiene que la solución principal pasa por que Yumara se dirija formalmente a la delegación de Bienestar Social, ya que afirma que ella no ha sido demandante de estos servicios anteriormente. Desde esta delegación, se pueden activar protocolos que incluyen ayudas para el pago del alquiler, así como asistencia para alimentación y recibos de energía eléctrica. El alcalde enfatiza que la administración debe seguir un orden y que existen informes en proceso para analizar la situación personal y el entorno de la joven.

Sin embargo, el regidor es tajante al explicar que el Ayuntamiento no puede entregarle una vivienda de forma directa, calificando esta opción de "imposible" debido a la falta de inmuebles disponibles y a la existencia de muchos otros casos similares en la región. Respecto a las viviendas de promoción pública o VPO, aclara que estas dependen de la Junta de Andalucía y requieren cumplir con requisitos estrictos, como tener una nómina y estar inscrita formalmente como demandante. Como medida de urgencia para el menor, sugiere buscar una ubicación temporal a través de su entorno familiar o su pareja mientras se gestionan las ayudas oficiales.

Para el conflicto específico del local ocupado, el alcalde confía en la resolución de un juicio rápido para que la justicia dictamine el desalojo, basándose en precedentes donde se ha priorizado la recuperación de locales de asociaciones. En última instancia, la solución planteada por la autoridad local se basa en reconducir a la joven hacia los canales legales de asistencia social en lugar de mantener la ocupación como medida de presión.