El acuerdo de financiación con ERC y el traspaso de competencias a Euskadi pretenden atar el compromiso de los socios con vistas no solo a aprobar los presupuestos sino a mantener la legislatura.
El acuerdo de financiación con los independentistas de Esquerra Republicana y el traspaso de nuevas competencias al gobierno vasco del PNV representan el intento del presidente Sánchez de restablecer sus debilitadas alianzas y la precaria situación del pacto de investidura. Con estas iniciativas Moncloa persigue un doble objetivo: la aprobación de los presupuestos y alargar lo más posible la legislatura.
Hace algo más de una semana, el paso 8 de enero, el presidente Sánchez allanaba el camino del entendimiento con Esquerra republicana de Cataluña y sellaba en Moncloa el acuerdo de financiación con Oriol Junqueras, que, aunque advertía de que no era suficiente para dar su apoyo a las cuentas públicas, mostraba su satisfacción.
El gobierno catalán apoyado por Esquerra era de hecho el único que se sumaba a la propuesta del Gobierno para un nuevo modelo de financiación como quedó patente en el consejo de política fiscal y financiera del miércoles. Un acuerdo que no contenta a Junts, que exige que se aborden las balanzas fiscales. Y por su puesto una amnistía política para Puigdemont.
Este viernes, Sánchez firmaba un acuerdo con el gobierno vasco para el traspaso de nuevas competencias. Insuficiente para Ajurianea, que quiere otras, recogidas en el estatuto de Guernika, pero necesario para restaurar de algun modo un clima de confianza que estaba prácticamente quebrado después de estas palabras del líder del PNV
Pedro Sánchez se comprometió en noviembre públicamente a presentar las cuentas de 2026, aunque advirtió que su rechazo no le impediría seguir gobernando. Ahora está por ver si serán suficientes los movimientos de acercamiento con sus aliados nacionalistas e independentistas, o no le darán para aguantar hasta 2027.