La vicepresidenta ha comparecido en el Senado a petición del PP que la señala como responsable del nombramiento de Vicente Fernández para la SEPI.
Montero señala que el periodo investigado es posterior a su salida de la presidencia.
María Jesús Montero niega ilegalidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), actualmente bajo la lupa de la Guardia Civil. La ministra defiende que la investigación sobre Vicente Fernández, a quien ella nombró presidente de la SEPI, se circunscribe a un periodo en el que ya no formaba parte de la empresa pública. El Partido Popular no la cree y le acusa de controlar la SEPI para pagar favores políticos de Pedro Sánchez.
Pleno extraordinario en el Senado, a petición del PP, para que María Jesús Montero dé explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la SEPI, investigadas por la Audiencia Nacional. La investigación derivó en registros de la UCO en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, así como en la detención —junto a Leire Díez y Antxón Alonso— del que fuera presidente de la compañía, Vicente Fernández, una persona de la confianza de Montero, a quien nombró en 2018.
La ministra ha desvinculado a Fernández de la SEPI al señalar que abandonó la entidad dos años antes del periodo que analiza la Guardia Civil. Además, ha defendido el honor de la empresa frente a lo que califica como insidias del Partido Popular.
El PP no le cree y acusa a Montero de controlar la SEPI en la sombra y de exportar a nivel nacional el modelo fraudulento de los ERE de Andalucía.
Vox ha pedido la dimisión de la ministra, mientras que los socios del Gobierno acusan al PP de hacer un uso partidista de la Cámara Alta, que hoy aprobará una comisión de investigación sobre estas supuestas irregularidades en la SEPI.