Las exempleadas de Julio Iglesias denuncian que les exigía pruebas ginecológicas

El Gobierno estudia retirar la Medalla al Mérito de las Bellas Artes a Julio Iglesias, otorgada en 2010, después de que dos ex trabajadoras lo hayan denunciado por agresión sexual gracias a una investigación de Eldiario.es y Univisión Noticias. Este miércoles hemos conocido las pruebas ginecológicas que imponía a las jóvenes que trabajaban en sus casas.

Ecografías y pruebas para detectar hepatitis, clamidia o VIH son algunas de las que las empleadas de Julio Iglesias tenían que hacerse para demostrar que no tenían enfermedades de transmisión sexual. Por grupos, la gobernanta de la casa las trasladaba al ginecólogo para hacerles un examen general.

Según los testimonios de dos de esas mujeres y los informes de cinco de ellas publicados por Eldiario.es, los reconocimientos médicos poco tenían que ver con las tareas que realizaban las jóvenes en la mansión del cantante, que incluso recibía directamente los resultados.

Algunas personas del entorno de Julio Iglesias han salido en su defensa y han negado las acusaciones de agresión sexual que estudia la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

REPRESENTADAS POR WOMEN´S LINK

Las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por Women's Link, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante Julio Iglesias, coinciden al señalar que han denunciado para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.

Así lo recoge Amnistía Internacional en un comunicado. Según la denuncia, estas mujeres "habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021 mientras laboraban en propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas".

"Según su testimonio, el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

El 5 de enero, continúa la nota de AI, "se pusieron en conocimiento de la Fiscalía hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores".
AI refiere que durante cerca de cinco años, las denunciantes "no hablaron de lo sucedido por temor a represalias profesionales, a la falta de canales seguros de denuncia y a una cultura que históricamente ha desestimado y desacreditado las voces de las sobrevivientes".

Una de las trabajadoras denunciantes afirma, según recoge AI en su nota que: "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma: por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él: quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país [República Dominicana]: para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias”.

El propósito de la otra denunciante "es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”.

De acuerdo con los testimonios, añade AI en su comunicado, "sus experiencias podrían presentar similitudes con las de otras mujeres de América del Sur y del Caribe que habrían trabajado para el denunciado".

Tras conocer los hechos, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional España ha decidido apoyar a las denunciantes y solicita que se investigue.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como "la casita del terror", donde el cantante (con 77 años cuando sucedieron los hechos) pasa parte del tiempo,