Igualdad cambia por fiabilidad las pulseras telemáticas para agresores por tobilleras

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este martes que su departamento ha autorizado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas, que pasarán de ser pulseras a ser tobilleras para mejorar la fiabilidad y evitar que sean manipuladas.

Las nuevas tobilleras incorporarán "mecanismos antivandálicos", tendrán más batería y la tarjeta eSIM de seguimiento será inextraíble, como ha detallado Redondo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha señalado que el nuevo contrato sale por una cuantía de 71 millones de euros (ampliables hasta 111 millones) y por un plazo de tres años (ampliable a cinco).

"Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro", ha reseñado.

La ministra también ha avanzado que se incrementa el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para garantizar que cualquier pulsera manipulada por el agresor o que presente algún tipo de disfunción pueda ser reemplazada en un máximo de 24 horas.

Para evitar las manipulaciones y roturas, se ha acordado mejorar la resistencia al agua de los dispositivos e incluir sensores de movimiento o de temperatura corporal, además de pantallas de cristal reforzado.

Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual se tendrá al agresor localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio, y se mejorará la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados.

Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos al centro de monitorización y control de la sala COMETA, y se añadirá un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en la detección directa entre el dispositivo electrónico del agresor y el de la víctima vía bluetooth.

Por otro lado, se implementarán mejoras en la sala COMETA, que ya cuenta con 151 empleadas, tanto a nivel de coordinación como de apoyo psicológico para los trabajadores del operativo.

Este anuncio llega después de que se detectaran fallos en el funcionamiento de las pulseras telemáticas de seguimiento que se colocan a los agresores acusados de violencia machista y con órdenes de alejamiento, lo que obligó a Igualdad a iniciar dos investigaciones, una interna y otra a través de una auditoría externa, para determinar lo ocurrido.

"Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones", ha afirmado Redondo, quien confía que las nuevas herramientas permitan al servicio ser "mucho más eficaz y eficiente".

La ministra ha resaltado que la tecnología "puede fallar", pero ha reconocido que la respuesta del Gobierno no puede hacerlo.

En ese sentido, el nuevo contrato incluye un refuerzo de los planes de actualización y seguimiento para que sean "más exigentes", y reclamará a la empresa adjudicataria que incorpore a los dispositivos y al sistema de seguimiento todas las mejoras que se puedan producir durante la vigencia del acuerdo.

Además, se crea un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con COMETA y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada.

Por último, refuerza el modelo de gobierno entre la empresa prestataria y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para garantizar un adecuado seguimiento, registro de datos y controles de calidad del servicio.

En este sentido, se mejorarán los procedimientos de transición y devolución del servicio en caso de que la empresa adjudicataria sea distinta a la actual. Así, tres meses antes de la finalización del contrato, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de las personas usuarias, su monitorización, la gestión de los dispositivos y el intercambio de información.