El Supremo estudia si anula la renovación de García Ortiz como fiscal general del Estado
Se reúne a raíz del recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales que defiende que García Ortiz "no es idóneo" para desempeñar "la jefatura de todos los fiscales de España".
El Tribunal Supremo (TS) estudia este martes si anula la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, un día antes de que declare como investigado ante el juez Ángel Hurtado por la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas han confirmado que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberarán a partir de las 10.00 horas sobre el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2023, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.
Las fuentes consultadas inciden en que, indistintamente de lo que resuelvan los magistrados en lo que respecta al nombramiento, la causa contra García Ortiz por presunta revelación de secretos continuará en manos del Supremo. Ello, según explican, porque además de ser fiscal general es fiscal de Sala, cargo que también está aforado ante el alto tribunal.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo abordará el recurso en el que la APIF defiende que García Ortiz "no es idóneo" para desempeñar "la jefatura de todos los fiscales de España" por sus actuaciones, en referencia entre otras cuestiones a la sentencia del Supremo que apreció "desviación de poder" en su decisión de nombrar fiscal de Sala a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.
García Ortiz ha pedido al tribunal que desestime el recurso al considerar que la asociación solo intenta "socavar" al Gobierno y conseguir "publicidad". En su escrito de conclusiones, presentado el pasado noviembre, la defensa del fiscal general acusa a la APIF de basar su impugnación "única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva".
Su abogado sostiene que "lo que se pretende al interponer el recurso" es "que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga 'publicidad' por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y 'socavar' al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo 'indirecto".
