El propio expresidente había solicitado retrasar la declaración, prevista inicialmente para el 2 de junio.
El juez cree que es el muñidor de una trama corrupta que desvió los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra cuando la pandemia paralizó su actividad.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde le sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de Plus Ultra.
Calama ha dictado una providencia este martes en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, que había solicitado aplazar su comparecencia debido a la extensión de la causa, a la que no tuvo acceso hasta ayer, lunes.
En la resolución de la pasada semana en la que el juez destacaba el presunto "liderazgo" de Zapatero en la supuesta red de influencias, Calama le citaba como investigado para el próximo 2 de junio, en lo que era la primera vez que un juez acordaba investigar a un expresidente del Gobierno.
Ahora, en la providencia en la que acepta la petición de su defensa, el juez fija dos fechas para su declaración, los días 17 y 18 de junio a las 09:00 horas en la Audiencia Nacional.
El juez Calama sitúa a Zapatero a la cabeza de una presunta red de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra, y "cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados" hacia el expresidente y su "entorno más próximo".
Según la tesis del juez, el expresidente aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.
En torno a esta estructura el juez sostiene que se construyó todo un entramado de empresas -algunas instrumentales y sin actividad real- para canalizar los supuestos beneficios a través de una simulación de servicios de asesoramiento.
En la causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros, como blanqueo y organización criminal.
AMPLIA CAUSA
Se trata de una instrucción que va a ser larga por lo complejo de una trama que tiene ramificaciones, en varios países.
La aerolínea Plus Ultra recibe del gobierno de Pedro Sánchez 53 millones de euros para su rescate. ¿Qué hace la trama para blanquear ese dinero o para dificultar su rastro? Lo saca de España a través un entramado societario que tiene ramificaciones, por ejemplo, en Venezuela. Recordemos que el control real de la aerolínea es de empresarios venezolanos del entorno chavista y que Zapatero ha ejercido un papel relevante al régimen de Maduro. Venezuela actuaría como lavadero de dinero a través del tráfico ilegal de oro, la compraventa de lotes de petróleo y níquel o el Programa de Alimentos de Nicolás Maduro.
También en China. El informe de la UDEF desvela que Zapatero conectó el Régimen Bolivariano con una empresa perteneciente al Partido Comunista Chino para que éstos compraran petróleo crudo venezolano. Dubái se convierte en el centro financiero de toda la operación. Allí Zapatero habría ordenado crear una sociedad pantalla que escapara de todos los controles con el objetivo de cobrar las mordidas del 1% del rescate de la aerolínea. Unos 530.00 euros.
También, los investigadores han hallado sociedades radicadas en distintos paraísos fiscales para canalizar el dinero y darle “apariencia de legalidad”. Y se han detectado pagos irregulares de la trama a sociedades en Europa, Sudamérica y Asia. Por todo esto el magistrado José Luis Calama ha abierto una pieza separada del caso para seguir el rastro del dinero que sale de España y se pierde en el extranjero.
La supuesta trama no sólo habría impulsado el rescate a Plus Ultra para llevarse una comisión del uno por ciento, también habría pilotado negocios como la venta de petróleo, la exportación de oro y níquel o la venta de divisas. Los clientes, según la policía, abonaban los servicios prestados a Julio Martínez y él al expresidente Zapatero y sus hijas.
El oficio de la UDEF recoge comunicaciones entre Martínez y un empresario venezolano, Domingo Amaro Chacón, para la compraventa de petróleo venezolano, con la intervención de una empresa del Partido Comunista Chino y un agente suizo. El juez, en su auto, ya apuntó que toda operación debía ser autorizada por Zapatero, en virtud a su amistad con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. A su correo le mandaban las obligatorias cartas de intenciones para conseguir el crudo.
"La LOI Z", dice la policía. Una denominación que la jueza que mandó la causa a la Audiencia Nacional ya desveló como presunto nombre en clave de Zapatero al que llamaban "zorro" "z" o "zzzz" en un chat que fue el primer indicio aportado en el caso.
La UDEF vincula a la supuesta trama con otros negocios de los que tiene documentadas al menos 5 operaciones desde 2021: como la venta de oro o la transformación de divisas en euros en metálico en Caracas. El empresario que aparece en las conversaciones, Domingo Amaro Chacón, es administrador, junto a su hermano, de Inteligencia Prospectiva. Una compañía que, la policía sospecha, se usaba para blanquear dinero.