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El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital

El Consejo de Ministros ha dado luz verde la renta básica prometida en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

La ayuda es entre 462 para hogares unipersonales, hasta 1.015 euros para familias con niños.

Podrá solicitarse telemáticamente desde el próximo 15 de junio. Beneficiará a 850.000 hogares

29 mayo 2020

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado este viernes en Consejo de Ministros fija un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva. En rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hecho hincapié en que "nace un nuevo derecho social en España", que supone "tomarse en serio de verdad el mandato constitucional" porque "no hay libertad si no se llega a final de mes". 

Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado este viernes por el Gobierno, cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluido salario y prestación por desempleo) y la renta garantizada para ese tipo de hogar, con un desembolso medio estimado de 4.400 euros anuales por familia beneficiada.

El 16 % de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, con derecho a un complemento adicional de 100 euros al mes y de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.

En rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hecho hincapié en que "nace un nuevo derecho social en España", que supone "tomarse en serio de verdad el mandato constitucional", porque "no hay libertad si no se llega a final de mes".

Iglesias ha explicado que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada "trampa de la pobreza", situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el IMV supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas.

También ha afirmado que el requisito de renta se basará en los datos de 2019, pero que se admitirá una declaración responsable de quienes hayan podido caer en situación de vulnerabilidad en 2020 por la crisis derivada del COVID-19 tras perder más del 50 % de sus ingresos.

Además de analizar las rentas, también se hará un test de riqueza para comprobar que no se supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual, para evitar que se aprovechen de la ayuda quienes tengan por ejemplo un considerable patrimonio inmobiliario.

Se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.

El IMV garantiza un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos que será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.

La ayuda está ligada a itinerarios para mejorar la inclusión, vinculados a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, e incorporará incentivos al empleo.

De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación.

Según ha explicado el vicepresidente, si alguien que está cobrando el IMV consigue ganar 100 euros más al mes, "no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos".

La proporción exacta queda al desarrollo reglamentario posterior, al igual que la concreción de los itinerarios de inclusión y las bonificaciones de las que se podrán beneficiar las empresas que contraten a beneficiarios del IMV, según han informado fuentes gubernamentales.

Las mismas fuentes han explicado que la revalorización del IMV quedará ligada a la subida de las pensiones de jubilación no contributivas, cuya cuantía es la misma que la renta mínima garantizada para un solo adulto (461,5 euros al mes).

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  • ¿Qué cantidad recibirán al mes y quiénes lo pueden solicitar?

Oscila entre los 462 y 1.015 euros, según el tipo de familia. No es una cantidad fija, sino un complemento de renta que garantiza un mínimo, que varía dependiendo del número de personas que vivan en el hogar que lo solicita. La cantidad mínima se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, hasta un máximo de 1.015,3 euros, en tanto que se establece un complemento adicional de 100 euros para las situaciones de monoparentalidad. 

Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España. 

  • ¿Cuándo se empezará a cobrar? 

En el mes de junio lo harán las primeras familias. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo. 

  • ¿Es compatible con estar trabajando? 

Sí. Siempre que ese empleo no supere la renta garantizada. El propósito de esta prestación es luchar contra la pobreza laboral y ayudar a los desempleados a buscar trabajo sin la angustia de no tener cubiertas sus necesidades básicas y de su familia en caso de tenerla.

  • ¿Es compatible con otras ayudas? 

También, la renta mínima vital será compatible con las ayudas que ofrecen las comunidades autónomas. Se abonará de forma mensual.

Más detalles del IMV

El 16 % de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer. 

El IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluidas las salariales) y el umbral fijado para ese tipo de hogar. 

Iglesias ha explicado que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada "trampa de la pobreza", situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social. 

Además de analizar las rentas, el IMV también hará un test de riqueza para comprobar que el beneficiario no supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual. 

Se trata de evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario. 

En este sentido, se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia y parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros. 

El IMV garantiza un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos que será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno. 

La ayuda está ligada a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, en tanto que incorporarán incentivos al empleo. 

De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación. 

Según ha explicado el vicepresidente, si alguien que está cobrando el IMV consigue ganar 100 euros más al mes, "no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos". 

Los potenciales beneficiarios tendrán que solicitar el IMV preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. 

El Gobierno trabaja en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos o con la ayuda de las entidades del tercer sector.    

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