Es un "día histórico", ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley, que tendrá que ser respaldado por el Congreso.
Garamendi ha dicho que "no compartimos lo que hoy se va a aprobar".
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, tras haber superado las diferencias que mantenían los ministerios de Trabajo y de Economía sobre su aplicación.
De hecho, los titulares de ambos ministerios, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, respectivamente, han coincidido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha calificado de "paso histórico" la aprobación de la reducción de la jornada laboral.
En la misma línea, la vicepresidenta Díaz ha afirmado que es un "día histórico" para los 12 millones de trabajadores que se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor.
En concreto, según Trabajo, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
"Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España (...) Han transcurrido más de 41 años en los no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país. También es un día histórico en Europa. Hace más de dos décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa", ha subrayado Díaz.
El anteproyecto es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio que dirige Yolanda Díaz y CCOO y UGT y del que quisieron quedarse fuera las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva.
La vicepresidenta segunda ha resaltado que "el trabajo es un medio, no una mercancía" y que las personas "no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir".
Díaz ha asegurado además que esta medida es una de las grandes transformaciones del mercado laboral propiciada por el Gobierno, junto a la reforma laboral y la subida del salario mínimo, y contribuye a "modernizar España", reducir el absentismo, mejorar la productividad y aumentar la igualdad.
REGISTRO HORARIO Y DERECHO A LA DESCONEXIÓN
Para la vicepresidenta, lo más importante de este anteproyecto es la reformulación del control horario, que ha definido como la medida "estrella" de esta norma y que se deberá tener lista en seis meses de la entrada en vigor de la ley. "El registro horario va a ser modificado, va a ser propio del siglo XXI, va a ser digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera va a hacer", ha explicado la ministra.
El objetivo es que el registro de la jornada sea "objetivo, fiable y accesible", de manera que deberá contar con unos requisitos, entre los que será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido.
También deberá identificarse "inequívocamente" a la persona que registra los asientos para garantizar la "autenticidad" de los datos y a través de un formato "tratable, legible y compatible" que permita a los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección acceder de forma inmediata al registro de jornada en el centro de trabajo, y en cualquier momento, de manera interoperable y en remoto.
Además, la empresa conservará los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Al mismo tiempo, Díaz ha resaltado que el anteproyecto para la rebaja de jornada incluye el derecho irrenunciable a a la desconexión digital. "Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando estén fuera de su jornada laboral", ha apuntado.
Una vez aprobado, este anteproyecto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo estima que se producirá en torno a finales de febrero. Después, cerca de principios de marzo, entrará ya en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.
NEGOCIACIÓN PARLAMENTARIA CON TODOS, MENOS CON VOX
Preguntada por las 'amenazas' de Junts de que la negociación sobre la jornada será complicada, Díaz ha afirmado que "las formaciones políticas no amenazan a nadie, lo que hacen es negociar". "Y esto es lo que hace el Gobierno de España. Y lo vamos a hacer", ha defendido Díaz, que ha agregado que se está negociando con todas las formaciones, salvo con Vox.
"La pregunta que me hago es si el Partido Popular va a utilizar y aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores de su país, porque sus votantes también quieren ver reducida la jornada laboral, o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral", ha indicado.
Tanto Díaz como Cuerpo han apelado a la prudencia en la negociaciones y han precisado que no irán a esa negociación parlamentaria con "líneas rojas" porque eso, ha añadido la vicepresidenta, sólo se hace cuando se quiere fracasar.
Sobre el debate 'interno' en el Gobierno acerca de la rebaja de jornada, el ministro de Economía ha apuntado que en realidad es "útil", pues lo que hace es "reforzar los textos y acercar posturas".
El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.
"Hoy nuestro país vuelve a hacer historia", ha señalado la ministra, que ha destacado que esta norma es "hija" del diálogo social, aunque no haya contado con el apoyo del mundo empresarial. "A pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo de algo muy importante, del diálogo social", ha remarcado.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado, por su parte, ha considerado "muy simbólico" que hoy se presente en Consejo de Ministros un avance de derechos sociales como el que supone la rebaja de jornada y a la vez la mejora de las previsiones económicas del Gobierno, pues ello coincide con los ejes de la política económica del Ejecutivo: reforzar el crecimiento y que ese crecimiento sirva para avanzar en el Estado del Bienestar.
ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES: MULTAS DE HASTA 10.000 EUROS
De acuerdo con el texto del anteproyecto, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
LA PATRONAL SE OPONE
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que la patronal no comparte la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que reducirá jornada laboral a 37,5 horas semanales, porque se ha hecho "dentro de un monólogo social".
Garamendi ha presentado hoy en un desayuno informativo al presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ante una audiencia en la que se encontraba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha sido la principal impulsora del recorte de la jornada.
"España hoy es mejor y los trabajadores y las trabajadoras, tras 40 años, ganan derechos", ha afirmado Díaz a su llegada al evento, tras recordar que la norma incluye también el derecho a la desconexión y la reforma del control horario.
Garamendi, sin embargo, ha vuelto a defender que la reducción de jornada tiene que enmarcarse en el ámbito de los convenios colectivos y ha insistido en que tendrá un coste de 23.500 millones de euros para las empresas y generará problemas de organización del trabajo, argumentos que trasladará a los grupos parlamentarios cuando se inicie la tramitación de la norma en el Congreso.
"Lo que va a pasar es que no se va a contratar más gente, pues se reducirán horarios, y que se subirán precios", ha vaticinado el líder de la patronal.
Por su parte, el presidente ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha lamentado que el verdadero impacto de la reducción de jornada lo sufrirán los autónomos y la pequeña empresa.
Amor ha subrayado que "la vía más efectiva es la de la negociación colectiva, sector a sector, territorio a territorio" y ha advertido de que una norma surgida de un pacto entre Gobierno y sindicatos generará desconfianza en el mundo empresarial.
"Si alguien piensa que va a haber una contratación para paliar esta reducción, no tiene ni puñetera idea", ha afirmado, añadiendo que la diferencia de jornada "la van a cubrir los autónomos".
Amor ha señalado también que estas medidas de regulación laboral supondrían alrededor de 2.000 euros de gasto por trabajador, y ha tachado de inviable que un incremento de gasto (SMI) se complemente con otro incremento más (reducción de jornada) y no medidas que busquen la estabilidad.