El Fiscal General del Estado ordena amnistiar todos los delitos del procés

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés que pidan al alto tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, incluida la malversación.

García Ortiz ha enviado una orden acompañada de un informe jurídico de 133 páginas, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales, partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos.

Los fiscales deberán responder ahora si acatan la orden del fiscal general o invocan el artículo 27 que conllevaría la celebración de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes, que es el escenario previsible, toda vez que los fiscales ya advirtieron de que no iban a modificar su postura. Oída la Junta, la última palabra para fijar la posición definitiva la tendrá siempre García Ortiz.

El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados , el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados también por malversación.

INFORME JURÍDICO

Según el criterio que el fiscal general del Estado ha plasmado en el informe jurídico, la malversación por la que se condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros tres exconsellers y que se atribuye a Puigdemont y a otros dos líderes fugados no supuso una "amenaza grave para los intereses financieros" de la Unión, como sí defienden los cuatro fiscales que investigaron el caso.

Recuerda que la sentencia del Supremo sobre el "procés" excluyó que ese fuese el objetivo de los condenados y explica que solo pueden apreciarse comprometidos esos intereses financieros de la Unión cuando la conducta de los implicados sea idónea para "generar de forma efectiva un menoscabo directo al presupuesto" comunitario.

García Ortiz sostiene que la "hipótesis" de que la secesión de Cataluña, en caso de producirse y ser viable, hubiese tenido efectos en los intereses de la UE "resulta difícilmente demostrable", al desconocer los términos en los que "habría podido tener lugar ese imaginario suceso" y si Cataluña, "una vez constituida en república independiente", habría alcanzado "algún concreto acuerdo económico" con la UE.

Le "sorprende" que los fiscales del "procés" no acudan a la "definición auténtica de intereses financieros de la Unión Europea", y explica que la normativa española interpreta que hay "afectación" cuando le "haya ocasionado un perjuicio efectivo al presupuesto de la Unión y/o de sus organismos (...) o haya generado un grave riesgo para el mismo".

El fiscal general considera que el desvío de dinero público para financiar el "procés" "no presupone ánimo de enriquecimiento" ni la "obtención de un beneficio patrimonial personal" y, por tanto, entraría dentro de la amnistía.