El Congreso inicia el trámite para suspender a Ábalos de sus derechos como diputado

El Congreso se ha dirigido al Tribunal Supremo para que confirme la decisión de enviar a prisión al exministro José Luis Ábalos y así poner en marcha el procedimiento para suspenderle de los derechos que tiene como diputado del Grupo Mixto, incluyendo el sueldo y el voto.

De entrada, la Presidencia del Congreso ha remitido un oficio al Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional de Ábalos "y el auto de procesamiento o equivalente", con el fin de iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.

Así lo han avanzado fuentes parlamentarias tras conocerse que el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado enviar a Ábalos y al que fuera su asesor ministerial Koldo García a prisión provisional sin fianza.

Lo ha hecho por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

YA ESTABA PREVISTO

El Congreso activa así el plan que ya tenía previsto ante la posibilidad de que el juez enviara a prisión a Ábalos, al que se aplicará de forma automática el segundo apartado del artículo 21 del Reglamento, donde se señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Según la interpretación de los letrados, esta previsión es aplicable a Ábalos porque, al tratarse de un procedimiento abreviado, "no existe como tal" el auto firme de procesamiento que se menciona como requisito. Su aplicación será automática, sin necesidad de debate en la Mesa del Congreso.

La suspensión implicaría que Ábalos dejase de percibir retribuciones del Congreso y ya no tendría derecho a participar en actividades parlamentarias, ni tampoco podría votar vía telemática. En cualquier caso, se trata de una medida temporal y mientras dure la situación de prisión provisional. En el momento que recuperase su libertad, también recuperaría sus derechos parlamentarios.

Eso sí, la suspensión no acarrea la pérdida del escaño, que ya es una medida extrema que llega con una sentencia, como ocurrió en el caso de Alberto Rodríguez (Podemos), aunque el Tribunal Constitucional lo desautorizó, o al ser procesado por determinados delitos graves establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue lo que llevó a retirar el escaño a Oriol Junqueras (ERC) y otros independentistas encausados en el procés.

¿REVISAR LAS MAYORÍAS?

En ese contexto, al no haber 350 diputados operativos, sino 349, no se descarta que algún grupo plantee el debate sobre modificar o no las mayorías en la Cámara, algo que tendrán que estudiar los letrados según los precedentes.

En principio, se trata de un único voto de 350 y tampoco supone una excesiva incidencia en las votaciones, máxime cuando Junts tiene anunciado el voto en contra a toda propuesta del Gobierno y eso supone mayoría absoluta junto con PP y Vox.

Ni siquiera es determinante en las votaciones de mayoría reforzada, pues si ahora las leyes orgánicas exigen un mínimo de 176 votos (mayoría absoluta de 350), ahora podría pasar a 175,5, que a los efectos prácticos implica también 176 diputados.

PRISIÓN SIN FIANZA POR "RIESGO EXTREMO" DE FUGA

El Tribunal Supremo ha acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la próximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo López, explica que, además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos por parte de ambos, el riesgo de que huyan resulta en este momento "extremo", por lo que entiende que no puede conjurarse con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos: prohibición de salida del país y comparecencias cada quince días en sede judicial.

En el caso de Ábalos, Puente ordena comunicar su decisión a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, como marca la ley, así como el auto por el que les situó a ambos a un paso de juicio.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras revisar las medidas cautelares vigentes en sendas vistillas, accediendo a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP, que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.

Ábalos ha sido el primero en llegar al alto tribunal. Lo ha hecho a las 9.12, unos 45 minutos antes de la hora señalada, solo y con una mochila de cuero marrón. El también ex secretario de Organización del PSOE no ha querido hacer declaraciones a la prensa a su llegada al alto tribunal, pero sí ha tomado la palabra al final de la vistilla para asegurar al juez que no se iba a fugar. "No tengo dinero ni a dónde ir", ha sostenido.

Fuentes consultadas afirman que está "destrozado". Durante las horas que ha estado aguardando la decisión del Supremo, el ex dirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso.

Su abogado, Carlos Bautista, ha hecho hincapié en que no hay riesgo de fuga, alegando entre otras cuestiones su estatus de diputado del Congreso. Sobre esto, también ha aducido que encarcelarle antes del juicio, sin que medie condena, supondría una vulneración de su derecho a la representación política.

Además, la defensa de Ábalos ha puesto de manifiesto que considera que el eventual ingreso en prisión de su cliente sería una forma de presionarle para que hiciera una "declaración colaborativa". Así lo hizo el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, tras pasar varias semanas encarcelado.

Koldo, por su parte, ha llegado al Supremo justo a la hora fijada, con vaqueros, deportivas y una gran mochila a sus espaldas, en compañía de su abogada, Leticia de la Hoz. Su defensa, que ha intentado combatir la competencia del TS para devolver el caso a la Audiencia Nacional, ha esgrimido igualmente que su cliente tiene el suficiente arraigo una madre mayor y una hija pequeña, ha detallado como para no convertirse en un prófugo.

El ex asesor ministerial también ha querido hablar ante Puente para ratificarlo. "No me voy a ir a ningún sitio", ha dicho y ha añadido: "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco". Fuentes presentes han interpretado esta coletilla como el reconocimiento tácito de una equivocación.

Por su parte, el fiscal se ha mostrado especialmente contundente, sobre todo en la vistilla sobre Ábalos, donde ha llegado a decir que fue la pertenencia a un Gobierno lo que le permitió cometer esos delitos pero que "ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal". Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir la responsabilidad penal y, por eso, la Justicia se representa con una venda en los ojos", ha remachado.

A UN PASO DE JUICIO

Fue el pasado 3 de noviembre cuando Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión mercantil vinculada al empresario contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19.

La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también interesa una multa de unos 3,9 millones de euros.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que Fiscalía más otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.

Además, tanto Fiscalía como acusaciones piden 7 años de prisión para Aldama, atenuando la pena propuesta por su "confesión", que sirvió para destapar la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como cabecilla al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.