Un despacho de abogados y un bar de Sevilla de Fernández, entre las empresas registradas
Se trata del Bar Bola, ubicado en la Cartuja. Las sospechas de la Guardia Civil giran en torno a si el bar pudo ser utilizado para blanquear fondos procedentes de comisiones ilegales vinculadas a la empresa navarra Servinabar.
La Guardia Civil extiende a Sevilla la investigación en torno a la empresa navarra Servinabar, de la que es, según la UCO, copropietario el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los agentes buscan la posible relación de un bar y un bufete de abogados de Sevilla con la trama, a la que se investiga por la presunta adjudicación irregular de contratos públicos, con el foco puesto en Vicente Fernández, detenido ayer junto a la ex-militante socialista Leire Díez.
Según fuentes de la investigación, el foco de las pesquisas está puesto en el bar La Bola, ubicado en la isla de la Cartuja, de la que es propietario Vicente Fernández, para averiguar cómo pudo pasar de registrar importantes pérdidas a facturar grandes cantidades de dinero. Según datos del Registro Mercantil, este establecimiento redujo en un 60% su deuda y multiplicó por 130 su facturación en poco tiempo y siempre coincidiendo con la condición de Fernández como administrador único de la sociedad que regenta el establecimiento.
Las sospechas de la Guardia Civil giran en torno a si el bar pudo ser utilizado para blanquear fondos procedentes de comisiones ilegales vinculadas a la empresa navarra Servinabar, en la que Vicente Fernández trabajó entre 2021 y 2023 tras dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales, la SEPI. A ella fue aupado en 2018 por la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, muy cercana siempre a la trayectoria pública de Fernández. Además del Bar La Bola, la UCO centra sus pesquisas en el bufete de abogados SDP, en Sevilla, para determinar si participó y cómo de la actividad de la trama.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido este jueves documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.l .
En el marco de esta operación, que se encuentra abierta y bajo secreto sumarial, se están han desarrollando hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra, entre ellos el del bar sevillano.
Los agentes han acudido a las sedes de las empresas públicas a requerir información, si bien en el caso de Enusa -donde estuvo contratada Leire Díez- se ha tratado de un registro, según las fuentes.
Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.
Fuentes de SEPI han indicado que la compañía está prestando "máxima colaboración" con este requerimiento de información.
El juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.
La investigación de la Guardia civil apunta a que la red comenzó a actuar en 2018. En octubre de ese año, con el PSOE recién llegado al Gobierno, Vicente Fernández, fue nombrado presidente de la SEPI por el consejo de ministros y Leire Díez comenzó a trabajar en Enusa, un organismo dependiente de esa sociedad pública.
En 2021 se incorpora a la nómina de Servinabar, la empresa navarra de la que Santos Cerdán sería copropietario junto con Antxon Alonso, el tercer detenido en esta operación.
Deja el cargo en febrero de 2023 y en junio registra a su nombre, como administrador único, el bar de Sevilla que este jueves registra la guardia civil. De alto cargo a hostelero. Un negocio que los agentes creen que habría usado para blanquear dinero procedente de mordidas por adjudicaciones públicas irregulares.
Un incremento patrimonial que tendrá que explicar ante el juez y por el que le preguntaban en el Senado hace solo seis meses. Tendría inmuebles de lujo en Madrid, Marbella y Sevilla. La fiscalía Anticorrupción le atribuye
La denuncia presentada por Anticorrupción en la Audiencia Nacional les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias
