La UCO pide los correos de Rafael Pineda en la Delegación del Gobierno
El exconcejal socialista fue hasta hace unos meses jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. Analizan si Pineda se ha visto relacionado con presuntos favores a un empresario investigado por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
También se le investiga por la venta a una empresa de su mujer de una parcela de la Empresa Municipal de la Vivienda, con un beneficio de más de 600.000 euros en la operación.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga los correos electrónicos de Rafael Pineda, exconcejal socialista y hasta hace unos meses jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. La UCO ha solicitado una copia de los emails de Pineda en este organismo, dependiente del Ejecutivo nacional, por su posible comisión de un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los agentes analizan si Pineda se ha visto relacionado con presuntos favores a un empresario investigado por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ve indicios de un delito de tráfico de influencias en el exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Rafael Pineda, cuya mujer obtuvo la cesión de una parcela municipal en el barrio de Pino Montano. Según la investigación policial, la posterior venta de esos terrenos le supuso al matrimonio más de 600.000 euros de beneficio.
En el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Canal Sur Televisión, los agentes relatan cómo en febrero de 2017 la parcela se alquila a empresas que ponen en marcha tres negocios: un KFC, una gasolinera y un Burguer King. En septiembre del pasado año, se vende el terreno en subasta pública a Higuerón Real Estate, propiedad de Olga Pérez, esposa del socialista Rafael Pineda.
Finalmente el terreno se vende por cerca de 1.800.000 euros. Cuatro meses después, en enero de este año, se vende a otra empresa por cerca de cuatro millones de euros, obteniendo un beneficio de cerca de 2,2 millones de euros, de los cuales el matrimonio Pineda Pérez se embolsa supuestamente, y siempre según el informe del UCO, cerca de 640.000 euros.
Un empleado de Emvisesa, spuestamente implicado en la trama, que cobró 78.000 euros de comisión, ha sido cesado de empleo en la sociedad municipal. Por todo ello, los agentes judiciales consideran que en esta operación urbanística hay indicio de delitos de tráfico de influencias.
A raíz de este caso, Rafael Pineda tuvo que dimitir como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, puesto al que llegó depués de haber sido concejal del Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sevilla en 2007 y, en la época de Juan Espadas como alcalde, director gerente de Lipassam.
