El exdirector de la Faffe se niega a declarar
Fernando Villén estaba citado a declarar como investigado por presunta malversación en la contratación de empresas y personal. Ya fue condenado anteriormente por pagos ilícitos en prostíbulos.
El exdirector de la FAFFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, ha comparecido este martes en los juzgados de Sevilla. Fernando Villén estaba citado a declarar como investigado por presunta malversación en la contratación de empresas y personal. El que fuera alto mando de la fundación se ha negado a declarar, acogiéndose a su derecho constitucional. Villén está siendo investigado en esta causa junto a otras veinte personas, además de haber sido condenado anteriormente por pagos ilícitos en prostíbulos.
Aunque Fernando Villén Rueda ha comparecido ante el juez instructor José Ignacio Vilaplana, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. El juez tiene por cierto pendiente de señalar la nueva fecha de las citaciones anteriormente suspendidas de Manuel Villén Rueda, hermano del ex director general Fernando Villén y quien ostentaba el puesto de director de Administraciones Públicas en la Faffe; y de la ex directora económico-financiera de la extinta entidad Ana Valls, condenada junto a Fernando Villén en la causa de las tarjetas.
El pasado 29 de enero, el juez instructor José Ignacio Vilaplana dictaba un auto en el que acordaba citar como investigadas durante marzo y abril a 21 personas en esta causa relacionada con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Según el auto del juez, la Faffe habría llevado a cabo "licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente, en el curso de los ejercicios -al menos- 2008, 2009 y 2010; acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad; obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios".
