La sentencia considera que se contrató a Antonio Torres “por amistad y afinidad política”. Percibió 360.000 euros durante el tiempo que estuvo contratado a pesar a que “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al exdirector de la Faffe, Fernando Villén por la contratación “ilegal” e "irregular” en la Fundación del ex alcalde de Lebrija Antonio Torres. También se condena al exprimer edil a dos años y tres meses de prisión. La sentencia considera que se contrató a Torres “por amistad y afinidad política”. Percibió 360.000 euros durante el tiempo que estuvo contratado a pesar a que “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.
“La contratación fue ilegal, grosera y está basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad”, sostienen los magistrados, que subrayan que “esta forma de contratar por la administración pública es ilegal porque está fuera de toda norma”. La resolución establece que “la irregularidad de la contratación tenía como objetivo proporcionarle” al ex alcalde “un beneficio económico".
En la sentencia notificada este miércoles a las partes, el tribunal condena al exdirector general técnico a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.
La Sección Tercera condena al exregidor a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo igualmente en los dos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas.
Además, los dos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 359.973,51 euros, cantidad percibida por el exalcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En la vista oral, celebrada en octubre de 2024, la Fiscalía solicitó para Villén cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, mientras que para Antonio T.G. pidió dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, así como que indemnizaran a la Junta con la cantidad que ha sido finalmente fijada en la sentencia.
Los magistrados han considerado probado que, tras las elecciones municipales de 2003, el exregidor condenado perdió la Alcaldía de Lebrija después de 24 años en dicho cargo, acudiendo “directamente” a Fernando V. “pidiendo trabajo”, a lo que éste último accedió “con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe”, un punto “innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público”.