CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA
CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA

Sanz insiste en recordar a Amama su obligación por ley de informar de los casos de cáncer

En un foro informativo, Antonio Sanz ha adelantado que, del total de mujeres afectadas, ya han sido atendidas el 96% y recuerda que el compromiso es acabar con todas las pruebas pendientes el 30 de noviembre.

Amama ha indicado que el número de afectadas es de 4.000 mujeres, cifra que no casa con la que maneja la Junta que ha detectado 2.317. 

CANAL SUR MEDIA 24 noviembre 2025

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha recordado este lunes a Amama, la asociación que desveló los errores en la información de los cribados de cáncer de mama, que la ley le obliga a facilitar los datos de los que disponga sobre los casos "para no generar alarma social y por salud pública".

En el turno de preguntas en el Foro Nueva Economía en el que ha intervenido, Sanz se ha referido al requerimiento que la Junta ha hecho a Amama para que le informe de las supuestas 4.000 mujeres afectadas por este caso y que no contabiliza la Consejería, una cifra que, hace unos días, la asociación reconoció que se referían solo a llamadas.

"La ley obliga a dar los datos por dos razones: una, para no generar alarma social y dos, por salud pública, es decir, por obligación de que podamos atender a las mujeres, si existieran, que no están siendo en estos momentos atendidas por el sistema sanitario", ha advertido el consejero.

Antonio Sanz ha apuntado que con la normativa en la mano "no puede haber subterfugio" y no se puede "engañar" a la administración sanitaria "ni se puede generar alarma social ni se puede generar una situación donde digan que existan mujeres que no están siendo atendidas".

Tras insistir en que no desea polemizar con Amama sobre este asunto, ha recordado que la Consejería ha detectado 2.317 casos y se ha comprometido a que antes del 30 de noviembre todas las mujeres que estén incluidas dentro de esa falla de información van a recibir sus correspondientes pruebas y serán atendida por el criterio del profesional.

Sin embargo, Amama ha indicado que el número de afectadas es de 4.000 mujeres, por lo que la decisión de la Junta es "evidentemente" hacer un requerimiento a la asociación para solicitarle esa información porque si existe ese número de mujeres no atendidas la responsabilidad sería "muy grande" empezando por la máxima autoridad sanitaria.

Igualmente, por la alarma social que puede generar una situación como esta ante la opinión pública y especialmente ante las mujeres que se tienen que someter a cribados de cáncer de mama y que no confiarían en el sistema, según ha explicado el consejero de Sanidad.

Sanz ha recordado que tras el requerimiento se han encontrado con la respuesta de Amama de que no eran 4.000 las mujeres afectadas sino que se trataba de 4.000 llamadas que se habían realizado a la asociación, ante lo que ha exclamado: "Válgame Dios, no es lo mismo 4.000 mujeres afectadas que 4.000 llamadas".

De igual forma ha evocado que en la reunión con Amama le pidió los datos que supuestamente manejaba y tras cuatro horas "no me los quiso dar", a la vez que ha contado que acordaron que un profesional sanitario, concretamente el director de la Estrategia de Cáncer de Andalucía, se reuniera con las responsables "para pedirle los datos y directamente se los diera a los profesionales sanitarios".

"Después de dos horas, tampoco le dio los datos", ha indicado Sanz, quien ha añadido igualmente que la directora de uno de los hospitales más importantes de Andalucía y más afectados en este caso se dirigió a Amama y les pidió reunirse para poder atender a estas mujeres "y contestaron que no tenían tiempo para reunirse".

Sanz ha indicado que tras estos pasos es necesario recordar que el artículo 18 de la Ley de Salud Pública de Andalucía obliga al ciudadano a utilizar "adecuadamente" la información que disponga relativa a la salud pública, respondiendo, en su caso, por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebida utilización, y poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier situación que pueda constituir una emergencia de salud.

Ha señalado que su departamento va a seguir planteando la exigencia de esta información, al tiempo que ha rechazado las críticas sobre una supuesta desaparición de pruebas diagnósticas, algo que ha calificado de "imposible" porque cualquier acceso a los mismos "queda grabado".

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