Libertad provisional para la madre del pequeño Lucca por su avanzado embarazo
Bárbara y su pareja Juan David están acusados de la muerte violenta del niño de Garrucha.
La jueza le impone la obligación de comparecer, la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir del territorio español.
La magistrada que instruye la causa del pequeño Lucca, el niño de cuatro años que murió de forma violenta en Garrucha (Almería), ha acordado este miércoles la libertad provisional de Barbara Ysmar B.O., la madre del menor, debido a su avanzado estado de gestación.
En un auto de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), la jueza ha acordado la salida de la investigada de prisión, con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sea preciso, la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir del territorio español.
Todo ello, a la vista de la comunicación procedente del centro penitenciario 'El Acebuche' de Almería, donde se encuentra interna la mujer, y a petición de la Fiscalía ante la "inminente situación de parto de su futuro bebé".
Este cambio en la situación personal de la investigada se produce apenas 12 días después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería estimase el recurso de apelación interpuesto por la representación legal del abuelo materno de Lucca, al que se le ha concedido el derecho a personarse en la causa como acusación particular, permitiéndosele ejercer acciones penales contra la pareja de Bárbara Ysmar, que también se encuentra en prisión provisional como presunto culpable de de la muerte del pequeño.
La Audiencia recordó que la causa se tramita contra dos personas diferentes y que una de ellas, el investigado Juan David R.C., "carece de vínculo familiar con el recurrente", puesto que no es el padre biológico de Lucca, sino únicamente pareja de la madre.
El tribunal concluyó que la personación del abuelo contra la pareja de su hija "no debe ser limitada", aunque sí mantuvo la prohibición legal de acusar a su propia descendiente.
Unos días antes, la investigada aseguró ante la jueza instructora que su pareja ocultó la muerte del menor, la amenazó con un cuchillo, la dejó encerrada y la obligó a trasladar el cadáver hasta la playa para fabricar una coartada, según su declaración judicial.
