La Junta pide al Gobierno central una retirada parcial del decreto de ahorro energético

La Junta de Andalucía está de acuerdo con reducir el consumo de la energía, pero discrepa en la forma en que se está llevando a cabo. En la reunión que han tenido esta mañana Gobierno y Comunidades autónomas, los consejeros andaluces han pedido la retirada de parte del plan de medidas de ahorro y que el ejecutivo central les permita ejercer sus competencias de autogobierno.

Andalucía ha reclamado este lunes al Gobierno central que retire el capítulo 1 del título 5 del decreto de medidas de eficiencia y ahorro energético, que es, en concreto, "el que atañe a todas estas medidas", de manera que les ha instado a "sentarse a dialogar" para acordar "el qué", pero que les dejen "actuar en el cómo" dentro de las competencias propias de las comunidades.

Así lo ha explicado el consejero de Políticas para la Industria y la Energía, Jorge Paradela, acompañado por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajadores Autónomos, Rocío Blanco, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que han dejado por unos instantes la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Energía para atender a los medios.

Tras afirmar que Andalucía "apoya sin fisuras" la idea de reducir el consumo de energía, Paradela ha señalado que les habría gustado "hacer las cosas de otra forma", de manera que "nos dejaran ejercer nuestras competencias de autogobierno", mediante un proceso consultivo, de diálogo, en el que se acuerde el qué y el cuánto, para luego "las comunidades ver cómo se adapta a cada una de nuestras regiones, con nuestra idiosincrasia".

"No pedimos retirar el decreto al completo, pero sí que nos sentemos en una mesa a discutir cómo conseguir un ahorro eficaz de energía en el ejercicio de nuestras competencias, con lealtad y desde el diálogo", ha afirmado el consejero, que se ha unido al bloque de comunidades lideradas por el Partido Popular que han criticado este decreto, toda vez que ha sugerido que este asunto "justificaría la convocatoria de la Conferencia de Presidentes".

"EXTREMEDAMENTE PUNITIVO"
En lo concreto, Paradela ha señalado que la Unión Europea (UE) "no impone a los Estados ningún plan de ahorro energético" y ha reprochado que, en su caso, "el Gobierno sí nos impone con este decreto, que no se ha discutido ni con las comunidades ni con los sectores afectados".

De igual manera, también ha rechazado que la UE planteé un plazo que "se agota el 31 de marzo" para este tipo de medidas mientras el Gobierno ha optado por un plazo "mucho más amplio, el 31 de octubre" y, ha destacado que, además, establece "un régimen sancionador extremadamente punitivo".

Además, el consejero ha afeado que este decreto nacional "no ataque la raíz del problema", que es "el precio de la energía". En este sentido, ha recordado que el consumo de gas ya se ha visto reducido un diez por ciento en el sector industrial y un cuatro por ciento en los hogares en lo que va de año porque se está "ante la factura más cara" de electricidad, "un 200% más alta que hace un año".

El consejero ha aprovechado para explicar la forma en qué se podría atajar este problema y ha sostenido que, a largo plazo, Andalucía debe desarrollar su potencial en energía renovables y, para esto, ha reclamado al Ejecutivo central infraestructuras de transporte que "faltan" en la comunidad.

En cuanto al corto plazo, ha optado por trabajar por la vía de los incentivos y la reducción de trabas, a través de los marcos multilaterales de la UE así como con Fondos Next Generation. "Es más eficaz trabajar desde el plano positivo de las recomendaciones que en el plano de las sanciones", ha argumentado.

UNA REUNIÓN DE TRES HORAS
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno no retirará el decreto de ahorro energético que entra en vigor este miércoles, una medida solicitada por las autonomías gobernadas por el PP. La Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, han pedido este lunes la retirada del real decreto-ley de ahorro energético, aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros, según ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su comparecencia ante los medios tras la reunión telemática mantenida con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Ribera ha asegurado que esta retirada "no es la intención del Gobierno", por lo que medidas como el limite al termostato entrarán en funcionamiento este miércoles. El encuentro, que ha durado más de tres horas, ha estado presidido por Ribera, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y a él también ha asistido la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP).

En opinión de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo se trata de iniciativas de carácter inmediato, en la línea de las recomendaciones planteadas por la Unión Europea por asegurar el suministro energético de cara al próximo invierno.

Las cinco comunidades autónomas que se oponen a la aplicación del real decreto-ley concentran el 46 % de la población española, casi 22 millones de habitantes. "El Gobierno es respetuoso con el Estado autonómico y ha aprobado aquellas medidas que, en su competencia básica, permiten impulsar la garantía de confort térmico", ha explicado Ribera, consciente de que Moncloa "no puede sustituir la competencia de las comunidades".

En cualquier caso, ha salido "contenta" de una reunión que ha trascendido en "tono cordial", a pesar de las expresiones "altisonantes" que algunas Administraciones habían empleado en los días anteriores "en público".

"No ha habido ninguna comunidad que haya dicho que no va a cumplir", ha aclarado la ministra, que ha admitido que sí que ha habido "algunos comentarios" que alegaban que las medidas sólo eran exigibles a la Administración Pública y no a los actores privados. Ante ello, el Gobierno ha esgrimido que son necesarias para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de ahorrar un 7 % en el consumo de gas.

"Las hemos tomado porque tienen un menor impacto que otras que afecten a la vida privada, al confort térmico de nuestros hogares, o a la industria", ha añadido Ribera.